En el marco del tejido ciudadano y asociativo nacional ha emergido con fuerza la Plataforma Nacional de Derechos Humanos, organización integrada mayoritariamente por personas del colectivo gitano, aunque abierta a todo el mundo, incluso también a quienes proceden de otros países. Desde su Junta Directiva, compuesta por hombres y mujeres comprometidos, ofrecen una amplia variedad de servicios sociales con medios propios, «sin subvenciones públicas hasta la fecha» según explican ellos mismos.
Servicios al prójimo, todos los días
La plataforma ofrece auxilio en situaciones graves y cotidianas: ayudas de emergencia, defensa legal de la mujer maltratada, asesoramiento ante desahucios y cortes de suministros, integración social para inmigrantes, asistencia a personas con discapacidad, búsqueda de empleo, apoyo al menor, y muchas más. También manejan un “departamento de personas extuteladas” y colaboran en la recuperación de vivienda ocupada ilegalmente, dando soporte a quienes habitan tales inmuebles. Contactan vía correo electrónico, WhatsApp o redes sociales, y atienden incluso gestiones como información sobre prestaciones sociales, sanidad espiritual, donaciones de juguetes, etc.
Infancia, custodia y legislación: una petición urgente
Francisco Saavedra, presidente de la plataforma, ha explicado en vídeo una de las principales inquietudes de la asociación: solicitar un cambio legislativo, concretamente el artículo 172 del Código Civil, para que sean los jueces quienes determinen retirar la custodia de hijos e hijas a progenitores que lo merezcan, en lugar de que los servicios sociales lo hagan de urgencia. Puntualiza que esta demanda responde a casos donde, según la plataforma, la intervención administrativa puede fallar o carecer de garantías suficientes para la defensa de los niños y niñas.
Expansión, asesoramiento gratuito y financiación propia
La Plataforma Nacional de Derechos Humanos está en expansión territorial. Ya han abierto delegaciones en provincias como Sevilla, donde han abierto una oficina de asesoramiento jurídico gratuito a quien lo necesite. Por ahora, todos sus servicios se financian con recursos propios de asociados y voluntarios, donaciones particulares, o apoyos locales no institucionales; no han recibido ayudas ni subvenciones públicas hasta el momento según manifiestan.
