La transparencia económica que se exige a los cargos públicos tiene en Leganés una regla clara: los concejales están obligados a declarar sus bienes, sus actividades y a incorporar anualmente sus declaraciones de IRPF al Registro de Intereses. Sin embargo, dos miembros de la actual Corporación municipal mantienen en blanco su información económica correspondiente a la legislatura que comenzó en 2023.
Son Beatriz Tejero Oller, portavoz de VOX, y Óscar García Muga, concejal de Podemos-IU-AV. Ambos forman parte de la Corporación municipal 2023-2027 y, según la documentación que actualmente ofrece el Ayuntamiento en su portal oficial, no tienen publicadas declaraciones de IRPF correspondientes a ninguno de los ejercicios de esta legislatura ni figura en sus perfiles la correspondiente declaración de bienes del actual mandato.
No estamos, por tanto, ante un retraso puntual de uno o dos ejercicios. El problema afecta a toda la legislatura.
Mientras otros miembros de la Corporación han ido incorporando al portal municipal, al menos, una declaración de renta correspondiente al actual mandato, estos dos concejales no permiten al ciudadano consultar esa información económica.
Y esto es una obligación no es una recomendación.
Una obligación anual y con fecha límite
El Reglamento Orgánico Municipal de Leganés es explícito. Su artículo 31 establece que todos los miembros de la Corporación deben formular una declaración sobre las posibles incompatibilidades y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. También deben formular una declaración de sus bienes patrimoniales.
Pero hay más.
El apartado cuarto del mismo artículo establece literalmente que los miembros de la Corporación deben inscribir “anualmente las Declaraciones de IRPF, y en su caso, del Patrimonio que se formulen ante la Administración de Hacienda, antes del día 1 de agosto de cada año”.
Es decir, el Ayuntamiento de Leganés no deja esta cuestión a la voluntad de cada concejal.
Hay una obligación anual. Hay un registro municipal. Hay una fecha límite. Y hay una finalidad: que la información económica de quienes ocupan un cargo público pueda ser conocida.
La legislación estatal también establece obligaciones de declaración para los miembros de las corporaciones locales. El artículo 75.7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local obliga a formular declaraciones sobre incompatibilidades, actividades que puedan generar ingresos y bienes patrimoniales, además de contemplar la información tributaria correspondiente.
Dos concejales y cero declaraciones de la legislatura
El portal de transparencia del Ayuntamiento permite comprobar la documentación que cada representante ha incorporado a su ficha.
En el caso de Beatriz Tejero Oller, portavoz municipal de VOX, la web la identifica como concejala de la Corporación 2023-2027. Sin embargo, en su perfil no aparecen las declaraciones de IRPF correspondientes a los ejercicios de esta legislatura.
El caso de Óscar García Muga, representante de Podemos-IU-AV, presenta la misma situación: figura como concejal de la actual Corporación, pero el portal municipal no ofrece declaraciones de IRPF de los ejercicios correspondientes al actual mandato ni la declaración patrimonial de esta legislatura.
La fotografía que ofrece actualmente la web municipal es, por tanto, especialmente sencilla de resumir: dos concejales, cuatro ejercicios de esta legislatura y ninguna declaración económica publicada de esos ejercicios.
No ocurre lo mismo con el resto de la Corporación. Aunque existen diferencias importantes en el grado de actualización de sus perfiles, al menos han incorporado alguna declaración de renta correspondiente a la actual legislatura, lo que permite disponer de un punto de referencia económico del periodo en el que ejercen como concejales.
En el caso de Tejero y García Muga, ese punto de referencia no existe en la documentación pública correspondiente al mandato 2023-2027.
60.000 euros anuales de dinero público
El caso de Beatriz Tejero incorpora además otro elemento que hace especialmente relevante la cuestión: su cargo está remunerado con fondos municipales.
Según el documento oficial publicado por el Ayuntamiento de Leganés, la concejala tiene fijadas unas retribuciones de 60.000 euros brutos anuales procedentes del Ayuntamiento.
Es decir, hablamos de una representante pública que percibe 60.000 euros al año de las arcas municipales y cuya información económica correspondiente a los ejercicios de la actual legislatura no puede consultarse en el apartado de declaraciones de renta del portal municipal.
¿Qué patrimonio tienen? ¿Qué ingresos declaran?
La declaración de bienes y las declaraciones de IRPF cumplen funciones distintas dentro del sistema de transparencia.
La primera permite conocer los bienes patrimoniales e intereses declarados por el representante público.
La segunda aporta información sobre sus ingresos y permite disponer de una referencia anual de su situación económica.
Por eso el Reglamento Orgánico Municipal no establece una obligación limitada al momento en el que un concejal toma posesión.
El artículo 31 establece que la declaración de bienes y actividades debe formularse antes de tomar posesión, con ocasión del cese y cuando cambien las circunstancias. Y añade específicamente la obligación de incorporar cada año las declaraciones de IRPF y, cuando proceda, las de Patrimonio.
La lógica es sencilla: si la información económica solamente se presentara al comienzo del mandato, el ciudadano no podría conocer si esa situación ha cambiado durante los cuatro años de ejercicio del cargo. De ahí la obligación de actualización anual.
Transparencia para quien cobra de la institución
Los cargos públicos disponen de derechos, pero también están sometidos a obligaciones específicas derivadas precisamente de su condición de representantes electos.
Fuentes jurídicas consultadas por LA VOZ DE LEGANÉS lo resumen así: “Los responsables públicos tienen una serie de obligaciones, además de unos derechos. Si no querían, por alguna razón, que sus propiedades, intereses o ingresos económicos fueran conocidos de forma pública, que no se hubieran presentado voluntariamente a formar parte de una lista electoral”.
La frase resume el principio sobre el que se construye el sistema de declaraciones de intereses: quien decide concurrir a unas elecciones y acceder a una institución pública acepta un régimen específico de transparencia sobre sus bienes, actividades e ingresos.
No se trata de una exigencia exclusiva para quienes forman parte del Gobierno municipal. La norma se refiere a todos los miembros de la Corporación.
Cuatro años de legislatura y un vacío informativo
La actual Corporación tomó posesión en 2023. Desde entonces se han sucedido los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, cuyas declaraciones corresponden a los años que progresivamente han ido siendo incorporados a los registros y portales municipales.
En este contexto, que en septiembre de 2026 los perfiles de dos concejales sigan sin mostrar declaraciones de IRPF de la actual legislatura deja un vacío informativo que afecta directamente a la transparencia económica de sus cargos.
Por eso la ausencia acumulada de documentación durante la legislatura resulta especialmente relevante. No falta un documento aislado. Falta la fotografía económica anual de todo un mandato. Y falta el deber con la transparencia y el del cumplimiento de las normas que, ellos mismos, han aceptado.
Por eso es especialmente grave que, a fecha de hoy, ninguno de estos dos concejales tenga publicada en su perfil la documentación económica correspondiente a esta legislatura que permita consultar sus declaraciones anuales de IRPF y su declaración patrimonial del actual mandato. Y también es grave que sus respectivas organizaciones políticas no les obliguen a dar ejemplo cumpliendo las normas.
LA VOZ DE LEGANÉS continuará siguiendo la actualización del portal municipal y comprobará si ambos concejales incorporan la documentación económica pendiente.
