La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha señalado a diversos organismos públicos por no remitir la documentación necesaria para la fiscalización de sus contratos correspondientes al ejercicio de 2023. Entre los expedientes que no han podido ser examinados figura uno de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE), según recoge el informe publicado el pasado 25 de septiembre.
El órgano analizó una muestra de 242 contratos mayores con un importe conjunto de 388,5 millones de euros. Sin embargo, solo pudo revisar 215 expedientes. El resto —un total de 27 contratos valorados en 21,5 millones de euros— no fueron entregados por los ayuntamientos y empresas públicas requeridas. Uno de estos contratos corresponde a EMSULE.
La Cámara de Cuentas subraya en su informe que es “esencial” que las entidades públicas madrileñas cumplan con su obligación de remisión de documentación en los plazos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público. Además, insiste en la necesidad de colaboración para facilitar los intercambios documentales derivados de las fiscalizaciones.
El expediente de EMSULE
Entre los expedientes no enviados destaca el denominado “2/18”, relativo a la “propuesta de continuidad del servicio de manera transitoria y excepcional hasta que el servicio se adjudique siguiendo el procedimiento correspondiente”, con un valor de 289.831,36 euros. Este contrato supone la continuación del servicio de mantenimiento y explotación de aparcamientos públicos gestionados por EMSULE, adjudicado previamente el 5 de noviembre de 2019 a OHL Servicios-Ingesan por un importe de 1.136.024,23 euros (IVA incluido).
Ante esta situación, la Cámara de Cuentas ha instado a la Asamblea de Madrid a iniciar una reclamación formal a los ayuntamientos y entidades que no han cumplido con la entrega de documentos, como es el caso de EMSULE. El organismo recomienda además que se adopten medidas para evitar que estos comportamientos se repitan en próximos ejercicios.
Desde la Asamblea, presidida por Enrique Ossorio, señalan que los servicios jurídicos ya analizan la petición formulada por la Cámara de Cuentas. Recuerdan también que la propia institución fiscalizadora cuenta con la capacidad legal de imponer multas a las entidades que incumplan sus deberes de colaboración.
El informe detecta, además, errores formales en numerosos expedientes remitidos desde otros municipios, lo que también afectó al desarrollo de la fiscalización anual.
