La empresa municipal de suelo y vivienda de Leganés (EMSULE) ha retirado de su página web los principales documentos relacionados con el sorteo de las 134 viviendas de protección pública (VPPB) de la parcela 18 del Plan Parcial 6 (Solagua), celebrado en 2023. La desaparición de esta documentación ha vuelto a reabrir el debate sobre la falta de transparencia en la gestión de la entidad pública, que se financia íntegramente con dinero municipal.
En la web, estuvieron disponibles los documentos con toda la información sobre el proceso de adjudicación, incluyendo la normativa de inscripción al sorteo, el listado de admitidos que optaban a las viviendas de régimen general (VG1), la tipología y distribución de las viviendas, los precios aproximados y las formas de pago, así como los ingresos máximos exigidos según el IPREM para poder participar.
Sin embargo, todos esos documentos han sido eliminados sin previo aviso, con el argumento de que «ha finalizado el proceso de solicitudes», lo que deja a centenares de vecinos sin acceso a información esencial sobre un procedimiento que debería ser público y verificable. Esta opacidad contrasta con el compromiso de transparencia que debe regir el funcionamiento de cualquier empresa municipal y más aún tratándose de una entidad que gestiona patrimonio y recursos públicos.
El sorteo de las 134 viviendas del PP6-Solagua ha estado rodeado de polémica desde su inicio, tanto por su organización como por las posteriores revelaciones sobre algunos de los adjudicatarios. La retirada de la documentación pública supone ahora un nuevo motivo de crítica hacia EMSULE, que no ha ofrecido ninguna explicación oficial sobre los motivos de esta decisión.
Fuentes consultadas en el ámbito municipal apuntan a que la retirada “no responde a ninguna razón técnica justificada” y que “impide a los ciudadanos conocer los detalles de un proceso que debería ser ejemplar en transparencia”. Estas mismas fuentes subrayan que la información relativa a los procedimientos de adjudicación debe permanecer accesible incluso una vez finalizado el proceso, para permitir la consulta, verificación y control por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación.
El responsable político de EMSULE, Francisco Javier Oporto, en calidad de presidente del Consejo de Administración, debería garantizar la publicación íntegra y actualizada de todos los documentos relativos al sorteo, según apuntan voces críticas. La transparencia, insisten, no es solo una obligación legal, sino una cuestión de confianza institucional: “una empresa pública no puede funcionar como si fuera una promotora privada”.
La falta de información pública y la dificultad para acceder a los datos básicos sobre las viviendas protegidas refuerzan la percepción de oscurantismo y falta de rendición de cuentas en la empresa municipal. En un contexto en el que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas sociales en Leganés, los vecinos exigen claridad y responsabilidad en la gestión de una entidad que, por su propia naturaleza, debe servir al interés general y no esconder su actividad bajo el silencio administrativo.
La restauración de la documentación retirada y la publicación de todos los expedientes y resoluciones vinculados al sorteo de Solagua serían, según diversos expertos, un primer paso para recuperar la confianza perdida y demostrar que EMSULE actúa conforme a los principios de transparencia, legalidad y servicio público.
