La tensión entre el tejido asociativo y el Gobierno municipal de Leganés (PP-ULEG) ha alcanzado un nuevo punto de fricción. La Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés (FLAV) ha formalizado el rechazo absoluto al borrador del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana presentado por el Ejecutivo Local, calificándolo de insuficiente y «distante» de las necesidades reales de la ciudad. Mediante un extenso documento de alegaciones, la FLAV ha registrado una enmienda a la totalidad, reafirmándose en su propio texto normativo elaborado tras las jornadas de debate de junio de 2025.
Un proceso marcado por la falta de respuesta
El conflicto no es nuevo. Según detalla la federación, ya en septiembre de 2023 se presentaron diversas propuestas al nuevo equipo de gobierno sobre transparencia, presupuestos participativos y descentralización administrativa, sin obtener respuesta alguna. Posteriormente, en febrero de 2025, el Gobierno propuso un modelo basado en la FEMP de 2018 y planteó tres sesiones de debate que, según la FLAV, nunca llegaron a celebrarse.
La situación se agravó el pasado 17 de diciembre de 2025, cuando el ayuntamiento remitió por correo electrónico un borrador que la federación considera «mínimo». Mientras que la propuesta vecinal cuenta con 130 artículos, siete disposiciones adicionales y ocho finales para regular minuciosamente los derechos ciudadanos, el texto del Gobierno se limita a 37 artículos que, en muchos casos, se remiten simplemente a la legislación vigente sin aportar mejoras locales.
Errores técnicos y trabas a la participación individual
En su análisis detallado, la FLAV denuncia deficiencias técnicas sorprendentes en el borrador municipal. El documento de alegaciones destaca un «error de copia» en el artículo 22.4.f, donde el texto hace referencia a la ciudad de Zaragoza y a un reglamento de 2005, lo que sugiere una falta de rigor en la redacción del documento para Leganés.
Más allá de lo formal, las asociaciones critican las trabas burocráticas impuestas. Por ejemplo, el artículo 18.2 del borrador exige cinco días de antelación para solicitar la intervención en un pleno, a pesar de que la propia normativa establece que las convocatorias de plenos pueden hacerse con solo dos días de margen, lo que haría imposible participar en sesiones urgentes. Asimismo, denuncian que el texto actual no facilita la intervención de la ciudadanía a título individual ni garantiza el derecho a voz en ciertos órganos.
Descentralización y el «olvido» de los nuevos barrios
Uno de los pilares de la enmienda vecinal es la descentralización administrativa. La FLAV exige la creación y dotación de nuevas Juntas de Distrito en barrios como Arroyo Culebro, Leganés Norte, Vereda de los Estudiantes y Solagua. La propuesta municipal, por el contrario, mantiene una definición de distritos que la federación rechaza por no ajustarse a la realidad de los barrios y no dotar a estas entidades de competencias reales ni servicios de atención directa al ciudadano.
“La propuesta del gobierno local ni mejora las normas, ni acorta plazos, ni reduce requisitos… No mejora las normas y por lo tanto no facilita la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de la ciudad”.
Dudas sobre la gestión presupuestaria
La FLAV también ha puesto bajo la lupa la ejecución económica. Aunque el presupuesto para participación ciudadana en 2025 ascendió a 407.363,08 euros (unos 2 euros por habitante), la federación recuerda que en 2022 el Ayuntamiento dejó sin gastar casi el 50% de los fondos destinados a esta área. Este dato refuerza su desconfianza hacia un reglamento que, según denuncian, deja la concesión de derechos al «albur» de la autoridad municipal de turno mediante el uso recurrente de fórmulas como «se podrá» o «podrán» en lugar de garantizar obligaciones claras.
El censo de asociaciones, en el foco
Con un tejido asociativo compuesto por 957 entidades (donde destacan 436 deportivas y 151 culturales), la FLAV considera que el borrador del Gobierno endurece injustificadamente los requisitos para la Declaración de Utilidad Pública. El ayuntamiento pretende exigir cuatro años de antigüedad en el registro y el cumplimiento de requisitos que, a juicio de los vecinos, confunden la labor de una asociación sin ánimo de lucro con actividades económicas sujetas al IAE.
Finalmente, la FLAV critica la consulta pública abierta por el consistorio el pasado 23 de enero, señalando que en ella no se incluyó el texto íntegro de la propuesta municipal, limitando la capacidad de los vecinos para realizar aportaciones con conocimiento de causa. Ante lo que consideran posiciones «muy distantes», la federación mantiene su exigencia de un reglamento que garantice el derecho a consulta, el acceso a expedientes y la participación previa en proyectos urbanísticos y presupuestos.
