La Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés (FLAV) y otras entidades sociales del municipio han hecho público un comunicado en el que alertan de la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible. Según las organizaciones firmantes, la escalada de los precios del alquiler y la ausencia de una regulación efectiva están expulsando del mercado a jóvenes y familias de clase trabajadora.
En el comunicado, las asociaciones denuncian que la vivienda “es hoy un negocio, del que muchos sectores sacan pingües beneficios, una mercancía más sin apenas control público”. Consideran que esta situación vulnera de facto el derecho constitucional a una vivienda, un problema que —afirman— se agrava especialmente en Leganés por “la insuficiencia del parque de viviendas municipales en alquiler y de la falta de una política pública que frene la especulación y facilite el derecho de acceso”. Aseguran que esta carencia arrastra décadas y que no ha sido corregida, lo que sitúa a la ciudad en un escenario “crítico”.
Como respuesta, las asociaciones han acordado la creación de un Grupo de Trabajo por la Vivienda, cuyos objetivos centrales serán elaborar un diagnóstico de la situación en Leganés, formular propuestas para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, y promover acciones ciudadanas orientadas a ese fin, “fundamentalmente de alquiler”. Además, hacen un llamamiento a todas las entidades del municipio que quieran sumarse a este espacio de reivindicación.
Las demandas están dirigidas a las tres administraciones: Gobierno de España, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Leganés. En el caso del Ejecutivo central, exigen “la urgente e inmediata normativa que tope los precios de alquiler”, así como que la gestión de los activos de la SAREB transferidos a SEPES se realice desde la empresa pública, sin convertirse en “un negocio para gestoras privadas”. Reclaman también financiación a fondo perdido para los ayuntamientos destinada a vivienda en alquiler, elevar al 15% las cesiones de suelo en nuevos desarrollos, el desarrollo y cumplimiento de la Ley de Vivienda y la no desclasificación de vivienda protegida.
A la Comunidad de Madrid le solicitan que cumpla con las declaraciones de zonas tensionadas, facilite a los consistorios la construcción de vivienda protegida —incluyendo fondos a fondo perdido y la recuperación del 15% mínimo en cesiones— y revierta la política del Plan Vive para reforzar el parque público de viviendas.
En cuanto al Ayuntamiento de Leganés, reclaman la declaración urgente de la ciudad como zona tensionada para actuar sobre las “subidas abusivas” del alquiler, la puesta en marcha de un Plan Municipal de Vivienda centrado en el alquiler y la construcción y adquisición de viviendas destinadas al alquiler social y la emergencia habitacional. Piden también consignación anual para adquirir suelo municipal, la creación de un observatorio y una oficina de vivienda, y un plan de rehabilitación de edificios. Entre las medidas planteadas destaca la exigencia de “una partida anual de 2.000.000 €” para rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad.
El comunicado reclama igualmente la erradicación del chabolismo, la atención a situaciones de precariedad grave —como personas sin techo o alquiler ilegal de habitaciones— y que la empresa municipal EMSULE haga público el número de viviendas vacías y las ponga a disposición del alquiler social.
El documento está firmado por la Asociación Vecinal Barrio Centro, Ecologistas en Acción Leganés, Asociación Vecinal San Nicasio, CGT Zona Sur, Asociación Vecinal Arroyo Culebro, Pensiones Dignas, Asociación Plataforma Vecinal La Fortuna, Asociación Vecinal Leganés Norte, Red de Acogida, Ciudadanos por el Cambio y la propia FLAV, entre otras entidades.
