El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Leganés, Francisco Javier Márquez, no debe ganar para disgustos esta semana. Al pago de 1.300 euros en costas mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras tratar de conseguir, sin éxito, que los juzgados aprobaran tomar medidas cautelares que paralizaran modificaciones presupuestarias, se le suma su citación a la Comisión de Investigación en EMSULE para aclarar las sospechosas circunstancias que llevaron, bajo su mandato en EMSULE, la empresa pública de la vivienda de Leganés, a la adjudicación de las obras de construcción de 108 viviendas en régimen de alquiler a la constructora Levantina, empresa vinculada a la conocida como «Trama Koldo», presentando la oferta más cara económicamente, con un millón de euros por encima del resto de ofertas presentadas por otras empresas. Para rematar la faena, Márquez ha denunciado públicamente —a través de sus redes sociales y ante la Intervención municipal del Ayuntamiento de Leganés— la presunta comisión de los delitos de malversación y prevaricación por parte del Gobierno municipal formado por PP y ULEG, al considerar que se estaban realizando obras de sustitución de aceras con un contrato “que no lo permite”.
Sin embargo, la denuncia ha quedado en un sonoro ridículo, uno más que suma Francisco Javier Márquez, en cuanto se ha conocido que el contrato de Mantenimiento de la Vía Pública, sí contempla expresamente la reparación, reposición o sustitución de tramos de acera deteriorados.
El origen de la polémica
Márquez afirmó en su red social X (antes conocida como Twitter) que:
“El Gobierno de Leganés no puede hacer 🚧 obras de sustitución de 300 metros de acera con el contrato de Mantenimiento de Vía Pública. No es puntual, es costumbre”.
Y añadió:
“El Gobierno PP+ULEG está realizando obras sin adjudicación ni concurso público, y sin un contrato específico. La Ley no permite utilizar para esto un contrato que tiene como objetivo pequeñas obras de mantenimiento. ➡️Prevaricación y malversación #Leganés”.
No es mantenimiento. El Gobierno PP+ULEG está realizando obras sin adjudicación ni concurso público, y sin un contrato específico.
La Ley no permite utilizar para esto un contrato que tiene como objetivo pequeñas obras de mantenimiento. ➡️Prevaricación y malversación #Leganés pic.twitter.com/5r5JOkcKg1— Francisco Javier Marquez Ortiz (@fjmarquezo) October 15, 2025
No obstante, la propia documentación del contrato demuestra lo contrario. Y Márquez debería saberlo, pues fue él el que puso en marcha este contrato. El pliego de prescripciones técnicas indica que el objeto del servicio es la “conservación, reparación, reposición y mantenimiento de las infraestructuras urbanas de titularidad municipal”, incluyendo pavimentos, calzadas, bordillos y aceras.
Fuentes municipales han confirmado que las obras en el bulevar de Arroyo Culebro se enmarcan dentro de las actuaciones de conservación y reposición, ya que el estado del pavimento hacía necesaria una sustitución parcial para garantizar la seguridad de los peatones.
En palabras de un portavoz técnico del Ayuntamiento, “no se trata de una obra nueva, sino de una intervención de mantenimiento dentro de los límites del contrato en vigor. Todo se ha hecho conforme al procedimiento administrativo y bajo supervisión municipal”.
Un ataque sin recorrido
La acusación de Márquez, que llegó a calificar la actuación como “prevaricación y malversación”, no se sostiene jurídicamente, según las mismas fuentes. De hecho, los servicios técnicos no han emitido ningún reparo ni informe de irregularidad.
Este episodio ha sido interpretado en el entorno político como un intento del PSOE de desgastar al Gobierno local con un asunto que carece de base legal, especialmente cuando el propio contrato avala las actuaciones ejecutadas. Sin embargo, este desgaste como un boomerang, le ha venido de vuelta al ínclito Márquez, que suma y sigue.
El espejo de EMSULE: cuando Márquez era presidente
Paradójicamente, este debate recuerda a una situación ocurrida durante el anterior mandato, cuando Francisco Javier Márquez presidía el Consejo de Administración de EMSULE. En aquel momento, se cargó al contrato de mantenimiento de edificios y viviendas de la empresa municipal la compra de una moqueta valorada en más de 30.000 euros para el sorteo público de viviendas.
Aquel contrato, destinado a reparaciones y reformas de inmuebles, no contemplaba gastos de ese tipo. Un hecho que, comparado con la actual denuncia, invita a reflexionar sobre la coherencia política y la interpretación de los contratos públicos.
Si en aquella ocasión la utilización de un contrato de mantenimiento para fines distintos tanto Márquez como el PSOE de Leganés no lo consideraron prevaricación ni malversación, resulta cuando menos contradictorio y sorprendente que ahora se utilice ese mismo argumento para atacar al Gobierno local por una actuación que sí está incluida en el objeto del contrato.
Más rigor y menos ruido
El debate sobre la gestión de los recursos públicos es legítimo y necesario, pero aplicando sentido común y seriedad. Al menos, eso se espera de representantes políticos que tienen como responsabilidades la de fiscalizar la acción de gobierno y la propuesta de mejoras y avances para la ciudad. El nivel demostrado en esta, y otras ocasiones, evidencia que el mérito y la capacidad hace tiempo que dejaron de ser un valor en los partidos políticos. En el caso que nos ocupa, la polémica sobre las aceras del bulevar de Arroyo Culebro parece más una irrisoria batalla política que una denuncia con fundamento jurídico.
Al final, lo que se pone de manifiesto es que el rigor y la coherencia son imprescindibles para mantener la credibilidad en el debate público. En política —como en la gestión— no todo vale, y los hechos, a veces, son más contundentes que las palabras escritas en un tuit.
