El Delegado del Gobierno critica que Leganés no aplique la nueva tasa de basura a sus vecinos
La implantación de la tasa de basuras sigue generando un fuerte debate en Leganés, enfrentando ahora al alcalde popular, Miguel Ángel Recuenco, con el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Esta confrontación llega tras las declaraciones de Recuenco, quien reiteró que no aplicará la polémica tasa este año 2025, a pesar de ser una obligación legal, según manifiesta el Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, recogida en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Para Recuenco, la normativa es “mala” y “no incluye sanciones para los ayuntamientos que incumplan”.
Por su parte, Francisco Martín ha respondido contundentemente, exigiendo al alcalde que “reconsidere bien su postura” y cumpla con lo que establece la legislación estatal. Martín, en declaraciones recogidas el pasado martes, afirmó: “La Ley no es una sugerencia. Es una obligación que deben cumplir todos los municipios para garantizar una gestión eficiente y justa de los residuos”.
Recuenco se mantiene firme
El alcalde de Leganés mantiene su postura firme y argumenta que la normativa europea en la que se basa la ley estatal no exige la implantación de una tasa específica, sino medidas que promuevan una menor generación de residuos. En este sentido, Recuenco aseguró: “La Directiva de la Unión Europea habla de incentivar la reducción de residuos, pero no obliga a poner una tasa. Pedro Sánchez es quien ha decidido imponerla”.
Además, el regidor popular considera que su decisión está en línea con los intereses de los vecinos de Leganés: “Como mejor defiendo a mis vecinos es no aplicándoles un nuevo impuesto. Estoy convencido de que hay otras formas de cumplir con los objetivos medioambientales sin penalizar a las familias con más cargas económicas”.
Respaldo y críticas
La decisión de Recuenco ha despertado opiniones divididas. En la ciudad son muchos los vecinos que aplauden su iniciativa por la defensa de los intereses económicos de las familias, mientras otros vecinos permanecen expectantes, con la duda de si la decisión del alcalde acarreará efectos negativos para la ciudad.
En contraste, desde el PP regional han mostrado su apoyo al alcalde de Leganés, destacando que otros municipios gobernados por los populares también están buscando alternativas a la tasa de basuras. Sin embargo, algunos alcaldes del mismo partido, como Jesús Moreno de Tres Cantos, han optado por acatar la normativa, aunque dejando claro su desacuerdo: “No tenemos más remedio que cumplir la ley, aunque estemos en contra”, señaló Moreno.
Las posibles consecuencias aludidas por el Delegado del Gobierno
Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta las consecuencias de no implementar esta nueva tasa a las familias. Carlos Delgado, Primer Teniente de Alcalde de Leganés, lo explicaba en un mensaje de la red social X:
¿Ah sí, en qué artículo y norma vienen esas consecuencias? Las consecuencias son las de haber hecho una ley chapucera: El delegado del Gobierno pide a Leganés que se replantee el no aplicar la tasa de basura o habrá consecuencias https://t.co/ilHLTsF24x a través de @sermadridsur
— Carlos Delgado Pulido (@CarlosULEG) January 9, 2025
Expertos en gestión medioambiental han advertido sobre las implicaciones de no implementar la tasa de basuras. Francisco Peula, presidente de la asociación Rethinking, subrayó que el principio de “quien contamina paga” es esencial para una economía circular: “Si no se aplican estas medidas, España podría enfrentarse a sanciones de la Unión Europea, que luego se repartirán entre las comunidades autónomas y, finalmente, recaerán sobre los ayuntamientos”.
Peula también destacó que muchos municipios ya cobran una tasa de basuras, pero la diferencia es que ahora la ley exige que esta refleje el coste real de la gestión de residuos. “Es importante que los ciudadanos entiendan cuánto cuesta realmente este servicio para valorarlo adecuadamente”, añadió.
Contexto legislativo
La Ley 7/2022, aprobada en abril de 2022, establece la obligatoriedad de que todos los municipios apliquen una tasa que cubra el coste íntegro de la gestión de residuos antes de abril de 2025. Esta normativa deriva de la Directiva Europea 2018/851, cuyo objetivo es fomentar una economía circular y reducir la generación de residuos.
En el caso de Leganés, el debate sobre la tasa de basuras se enmarca en un contexto más amplio de tensión política entre el Gobierno local y las instituciones estatales. Mientras tanto, los vecinos del municipio esperan con incertidumbre el desenlace de este enfrentamiento, conscientes de que las decisiones que se tomen ahora podrían tener un impacto significativo en sus bolsillos y en el medio ambiente.
