Una nueva controversia ha surgido en torno a la gestión de los recursos públicos tras la aparición de un informe interno en el que se recogen graves advertencias sobre la forma en que la empresa pública de vivienda, EMSULE (Empresa Municipal del Suelo de Leganés, S.A.U.), organizó el sorteo de 350 viviendas —134 en venta en el barrio de Solagua y 216 en alquiler en dos promociones en el barrio Puerta de Fuenlabrada— celebrado el 5 de junio de 2023 en el Pabellón Europa.
El primer documento que salió a la luz fue un informe jurídico de la asesoría de EMSULE, en el que se analiza la licitación de los trabajos vinculados al sorteo y advertía de un posible fraccionamiento de contratos que vulneraría los umbrales establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público. El informe sostiene que mediante 17 contratos menores se adjudicaron servicios relacionados con la organización del evento —entre otros la compra de moquetas (32.498 €), alquiler de bombos (14.919 €), sonido (13.743 €), publicidad (21.120 €), sillas (4.277 €) o seguridad y emergencias (5.341 €) por un total de 102.894 €.
Ahora, a estos análisis jurídicos según publica El Confidencial se ha sumado un informe firmado por el Jefe del Departamento Técnico de EMSULE, que deja constancia de la instrucción directa del presidente —que podría ser Santiago Llorente, exalcalde de Leganés como presidente de la empresa o el actual portavoz socialista del Ayuntamiento de Leganés, Francisco Javier Márquez, como presidente del Consejo de Administración— para realizar los trabajos a través de contratos menores en lugar de un contrato único más amplio. Este técnico detalla que, en reunión con el presidente, se le advirtió de que “no se debían hacer varios contratos menores sino un contrato único, evitando fraccionar el contrato”. Sin embargo, “las instrucciones del Sr. Presidente fueron, pese a lo que se le indicó, la de hacer contratos menores”.
El informe técnico añade que, cinco meses después de la celebración del sorteo, los trabajos contratados no habían sido abonados en su totalidad, a pesar de que los servicios se desarrollaron correctamente. La única excepción fue el suministro y colocación de sillas por valor de 4.277,35 € IVA incluido. El resto de los servicios (sonido, pantallas de TV y retransmisión del sorteo, ambulancias, personal médico, servicio de control de accesos, plan de autoprotección y emergencias, notario) quedaron pendientes de pago hasta la llegada del nuevo Gobierno Local del PP y ULEG.
La combinación de ambos informes apunta a una ejecución de los trabajos como si se tratase de un solo proyecto funcional —la celebración del sorteo de las 350 viviendas— adjudicados y tramitados como múltiples contratos menores, lo que podría conducir a un delito de fraccionamiento de contratos públicos. Tal y como señala el informe jurídico: “se ve claramente que en todos estos contratos menores, tanto los previos como los celebrados para llevar a cabo el sorteo, existe una unidad funcional, un vínculo operativo entre los diferentes contratos que no permite tratar unitariamente cada uno de ellos”.
El contexto es relevante: la gestión del sorteo se realizó al término de la pasada legislatura municipal —cuando gobernaba el PSOE— y con un presidente de EMSULE vinculado a este partido. La empresa actuó sin concurso público para ninguno de los 17 contratos menores adjudicados, lo que ha sido señalado por el actual equipo de Gobierno como una vulneración “potencial” de la normativa de Contratos Públicos.
Este nuevo informe técnico interno aporta un nuevo ángulo a la investigación administrativa, al detallar no sólo la presunta contratación irregular, sino también el rechazo a firmar los pagos correspondientes al grueso de los trabajos que conformaron el evento del sorteo. Esta circunstancia, según fuentes del equipo de Gobierno Local, podría agravar el análisis sobre responsabilidad y la trazabilidad contable de los fondos públicos implicados.
Entre los puntos clave de la polémica figuran:
- La elección de múltiples adjudicaciones menores para un único objeto funcional (la celebración del sorteo).
- La omisión de concurso público para la contratación.
- La imputación de gastos (la compra de unas moquetas por más de 30.000 euros) a un contrato de reparaciones de viviendas en alquiler de EMSULE, considerada por la asesoría jurídica una desviación del objeto del servicio.
- La existencia de un informe técnico que refuerza las afirmaciones del asesoramiento jurídico y señala directamente la responsabilidad de las instrucciones del presidente.
- La falta de pago de la mayoría de los contratos contratados, imputando solo uno como abonado.
El asunto ya ha provocado que desde el Gobierno Local se evalúe la posibilidad de emprender las acciones judiciales que procedan ante lo que consideran “la sombra de la corrupción” sobre la empresa pública municipal, tal y como señalan desde El Confidencial.
En el plano de la transparencia, EMSULE también se ha visto inmersa en un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que les acusa de no haber enviado unos expedientes del año 2023 para su fiscalización.
Por su parte, el equipo de gobierno local ha manifestado su compromiso con la investigación de los hechos y ha asegurado que “garantizará la legalidad y transparencia” en los procesos de adjudicación. No obstante, hasta el momento no se ha comunicado formalmente la presentación de denuncia ante fiscalía.
Para los ciudadanos de Leganés, más allá de los aspectos técnicos legales, la noticia gira en torno a la utilización de fondos públicos, la gestión de viviendas protegidas y la confianza institucional en los procesos públicos. La empresa municipal, que gestiona suelo y vivienda, está desde hace tiempo bajo la lupa de la sospecha.
En definitiva, el conjunto de informes —el jurídico y el técnico interno— apunta hacia una gestión que podría haber eludido las obligaciones de concurso público y de contratación establecidas por la ley, con instrucciones explícitas que ignoraron las advertencias técnicas internas. En un momento de crisis habitacional creciente, este episodio abre una importante reflexión sobre cómo los organismos públicos gestionan los procesos que involucran viviendas para su adjudicación social.
