El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por la portavoz de VOX en Leganés, Beatriz Tejero, contra los acuerdos de organización del Ayuntamiento de Leganés. La sentencia, a la que ha tenido acceso LA VOZ DE LEGANÉS supone el fin del denominado «Caso Pruden», la estrategia judicial de Tejero para elevar el estatus salarial de su personal de confianza por encima de lo que se había acordado que le correspondía a su formación por su número de concejales.
El «Caso Pruden»: Prioridad salarial para el entorno íntimo
La demanda de la portavoz se centraba en su disconformidad con el reparto de recursos para su grupo municipal, que cuenta con dos concejales. Tejero pretendía que el ayuntamiento dotara a su grupo municipal de un «Coordinador de Grupo», una figura con una retribución de 40.000 euros anuales que el acuerdo de Pleno reserva para partidos que dispongan, al menos, de tres representantes públicos.
Este cargo estaba destinado a su asesor y hombre de máxima confianza, Prudencio Cerro, quien actualmente ejerce como Auxiliar de Grupo (con unas retribuciones de 25.000 euros anuales). Según fuentes internas del partido consultadas por este medio, la prioridad de Tejero ha sido siempre el beneficio económico de su entorno más cercano: «Lejos de la austeridad para las arcas públicas que defiende la portavoz, o de la que hace gala al negarse a pagar facturas a proveedores o a liquidar préstamos, para dotar de un mayor sueldo a su asesor, y amigo íntimo, esa austeridad salta por los aires». Se da el caso que Prudencio Cerro es además el Coordinador Local de VOX en Leganés.
Críticas internas: «El chiringuito de Tejero»
La resolución judicial deja en evidencia la contradicción entre el discurso público de Tejero y sus acciones legales. Mientras la portavoz aseguraba públicamente en el Pleno que renunciaba a cargos y que el gobierno local intentaba «comprarla» con sueldos, la realidad es que acudió a los tribunales para exigir precisamente aumentar niveles salariales que los acuerdos del resto de fuerzas políticas en el Pleno no le otorgó.
Esta opacidad ha generado un profundo malestar en las filas internas de VOX Leganés. Voces internas, que quieren mantener el anonimato, denuncian la gestión personalista de la portavoz: «De todas estas cosas nos enteramos por la prensa, porque conocemos a VOX Leganés como ‘el chiringuito de Tejero’. Donde la transparencia ni está, ni se la espera».
La justicia aclara que el sueldo no es un derecho fundamental
En su sentencia, la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid explica de forma meridiana que la percepción de un sueldo fijo o una determinada modalidad retributiva no forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la participación política.
De hecho, en diciembre de 2023 Beatriz Tejero presentó un escrito en el Ayuntamiento de Leganés en el que solicitaba un cambio de régimen de exclusividad (la cual, como portavoz de su grupo municipal era en EXCLUSIVA, con un sueldo anual de 60.000 euros, con el fin de que se le redujera el porcentaje de dedicación al establecido para los portavoces adjuntos (reduciendo su sueldo público hasta los 53.000 euros anuales) y llevando al Pleno su petición de compatibilidad con actividad laboral privada, sin renunciar, por tanto, al dinero público.
Tejero, pretendía que el Ayuntamiento de Leganés fuera condenado en costas, lo cual no fue tampoco admitido por la magistrada.
La sentencia dispone de una serie de puntos clave, como son:
- existe un margen de autoorganización: El Pleno del Ayuntamiento tiene la potestad discrecional para organizar sus recursos económicos y humanos según la ley.
- sin discriminación: El hecho de que VOX no disponga de un coordinador con mayor sueldo no impide que sus concejales realicen su labor de control y fiscalización.
- Legalidad del acuerdo: Los acuerdos municipales adoptados en el Pleno de julio y agosto de 2023 se adoptaron por el órgano competente y con la mayoría necesaria, respetando la proporcionalidad electoral.
Con este fallo, los tribunales ratifican que las pretensiones de Beatriz Tejero carecían de fundamento legal, confirmando que su batalla judicial se limitaba a defender los intereses económicos de su círculo más cercano bajo una falsa bandera de derechos políticos.
La portavoz queda así desautorizada judicialmente y cuestionada por su propia formación «por tratar de convertir el grupo municipal en algo beneficioso para su entorno personal» tal y como cuentan a este medio militantes de su propio partido.
