Esta tasa ha sido aprobada por otros regidores del PP, pese a criticarla
El año 2025 marca el plazo final para que todos los ayuntamientos españoles implementen la tasa de basuras, una obligación impuesta por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma establece que los municipios deben crear una tasa que refleje el coste real de la gestión de los residuos, en línea con la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo. Sin embargo, el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, del Partido Popular, anunció el pasado 2 de enero, a través de su cuenta en X (antes Twitter), que no tiene intención de aplicar esta tasa en el municipio durante 2025.
Mientras Sánchez nos sube todos los impuestos que puede, en #Leganés no
tocamos un solo impuesto municipal.Mientras los gobiernos socialistas de los pueblos del sur que nos rodean han impuesto la tasa de basura de Sánchez, en #Leganés no la vamos a aplicar. https://t.co/gjcXVyJmA3
— Miguel Ángel Recuenco 🇪🇦 (@marecuencopp) January 2, 2025
En su publicación, Recuenco fue tajante: “No vamos a aplicar para este año 2025 la tasa de basuras de Pedro Sánchez”. Este anuncio representa una postura diferente a la de otros regidores del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, quienes, aunque críticos con la norma, han declarado su disposición a cumplirla. Un ejemplo de ello es el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, quien explicó: “Como alcalde soy leal a mi Gobierno y no tengo más remedio que acatar la ley, aunque estamos totalmente en contra”. En el último pleno de 2024, Tres Cantos aprobó la tasa de basuras, justificándolo como un acto de responsabilidad institucional.
Por el contrario, Recuenco sostiene que la aplicación de la tasa no es la única alternativa que contempla la directiva europea: “La Directiva de la Unión Europea en la que se fundamenta la ley, en la que Pedro Sánchez obliga a los ayuntamientos a poner la tasa de basuras, en ningún momento te dice que hay que poner una tasa. Lo que te dice es que hay que aplicar medidas que incentiven una menor contaminación, una menor generación de residuos”.
¿Qué dice la Ley 7/2022?
La norma española recoge el principio de “quien contamina paga”, establecido en la directiva europea. Según el artículo 11 de la ley, los costes de la gestión de residuos deben reflejar el coste real y ser sufragados por el productor inicial de los residuos o por los actuales o anteriores poseedores. La tasa busca concienciar a los ciudadanos sobre el coste real de la gestión de los residuos municipales.
Francisco Peula, presidente de Rethinking y consultor de economía circular, explica: “La tasa de basuras casi todos los ayuntamientos la están cobrando, pero lo que dice ahora la ley es que tienes que cobrar lo que cuesta. Que la gente sepa en la tasa cuánto cuesta realmente gestionar los residuos a los ayuntamientos”. Peula considera que la tasa es una herramienta clave para cumplir con los objetivos de la ley.
Críticas desde los ayuntamientos
El rechazo de algunos alcaldes populares a la ley española, que bautizan como “Tasazo” o “Basurazo” de Pedro Sánchez, también se extiende a su calificación como una posible “invasión de competencias municipales”. Jesús Moreno recuerda que, pese a la oposición del PP, la directiva europea fue aprobada con los votos a favor de este partido, mientras que en la votación de la Ley 7/2022 en el Congreso, los populares se abstuvieron.
El alcalde de Tres Cantos defiende que la directiva europea no obliga específicamente a crear una tasa, pero lamenta que la ley española no contemple alternativas: “Pedimos en una misiva a las ministras de Hacienda y de Transición Ecológica que eliminaran esa obligatoriedad. La respuesta del Secretario de Estado de Transición Ecológica fue muy ilustrativa: demuestra que había 8 opciones, y que el Gobierno se ha decantado por una única, que es la de establecer la obligatoriedad de una tasa de basuras”.
Posibles sanciones de la Unión Europea
Francisco Peula advierte que el incumplimiento de los objetivos podría acarrear sanciones desde la Unión Europea: “Van a venir sanciones de Europa por no cumplir los objetivos. El Ministerio dirá: ¿quién tiene competencias en medio ambiente? Las comunidades autónomas. Pues esta sanción a repartirla por las comunidades en función de si se cumplen los objetivos o no. Y las comunidades van a decir: ¿quién tiene competencia en recoger los residuos? Los ayuntamientos”.
Miguel Ángel Recuenco asegura que su decisión se fundamenta en defender los intereses de los vecinos de Leganés: “Como mejor entiendo que defiendo a mis vecinos es no aplicándoles la tasa. No pone ningún tipo de sanción a los ayuntamientos que incumplan. Y nos aprovechamos no porque me quiera aprovechar como alcalde, sino para que mis vecinos no paguen impuestos”.
La implantación de la tasa sigue generando tensiones entre los municipios, y el plazo para cumplir con la norma expira en abril de 2025. Mientras tanto, Leganés no ha incluido en sus presupuestos el coste real de la gestión de residuos, dejando en el aire cómo cumplirá con los objetivos de sostenibilidad marcados por Europa.
