La tensión política y el constante bloqueo que vive la ciudad debido al enfrentamiento entre el Gobierno local y los grupos de la oposición ha comenzado a tener consecuencias económicas para las arcas municipales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido una sentencia que condena al Ayuntamiento de Leganés a pagar las costas judiciales de un proceso impulsado por varios propietarios de un suelo que vieron frustrado su intención de corregir un error gráfico en un plano debido a la negativa de los partidos de la oposición en el Pleno a enmendar un simple error administrativo.
El asunto comienza en marzo de 2024, cuando la Corporación municipal debía subsanar un fallo detectado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La corrección era un trámite técnico y sencillo que ya se había enmendado en otras ocasiones con otras parcelas similares, puesto que en el Plan General se detectó un plano con un error (no así en el documento general que estaba correcto, pero había una disparidad en la categoría de una parcela), pero no salió adelante debido al voto en contra de los partidos de la oposición. Este error impedía a los propietarios del suelo desarrollar unas instalaciones en una parcela de su propiedad, situada en el plan parcial «IA-6 de Polvoranca».
Ante la negativa del Pleno, los propietarios del suelo presentaron un recurso de reposición en junio de ese mismo año, solicitando la anulación del acuerdo que bloqueaba el proyecto. Pero, nuevamente, la mayoría opositora rechazó la propuesta, lo que forzó a los afectados a acudir a la vía judicial.
Fallo judicial del TSJM
El fallo del TSJM, al que ha tenido acceso LA VOZ DE LEGANÉS, da la razón a los demandantes. El tribunal considera que la decisión del Pleno vulneró el derecho constitucional a la propiedad, ya que la errónea calificación urbanística de la parcela les impedía desarrollar cualquier tipo de actividad, lo que generaba evidentes perjuicios económicos.
La sentencia es contundente: «Se estaría impidiendo de esta forma el uso comercial del suelo», recoge el fallo, que además señala que la decisión de los partidos políticos de la oposición en el Pleno carecía de «motivación» y se apartaba del criterio de los informes de los Servicios Técnicos municipales que daban la razón a los interesados, incurriendo así en una «arbitrariedad de los poderes públicos».
El tribunal no solo anula el acuerdo del Pleno que rechazó el recurso de reposición, sino que ordena expresamente que se lleve a cabo la corrección urbanística solicitada en el Pleno, por ser el órgano competente para ello. Además, impone al Ayuntamiento de Leganés el pago de las costas judiciales, estableciendo un máximo de 2.000 euros más el IVA correspondiente en concepto de honorarios y derechos procesales.
La oposición vuelve a no acatar la sentencia
El pasado jueves, el asunto ha regresado al Pleno municipal, donde debía iniciarse el cumplimiento de la sentencia.
Sin embargo, los partidos de la oposición (PSOE, Más Madrid Leganés y Podemos-IU-AV) han votado para que el expediente quede «sobre la mesa», una fórmula que pospone y retrasa su aprobación al menos durante un mes más. VOX, por su parte, se ha abstenido en esta decisión. De este modo, el Ayuntamiento continúa sin acatar lo dictado por el TSJM, prolongando así un conflicto que ya ha supuesto el primer coste judicial derivado del bloqueo político que sufre la ciudad y que deja, nuevamente, indefensos a los demandantes.
En el inicio del punto del orden del día, Francisco Javier Oporto, como concejal de Desarrollo Urbano y Planificación tomaba la palabra para criticar a «algunos de los portavoces de la oposición manifestaciones del siguiente tono: Se hablaba en términos especulativos, que si esto era especulación, que si se trataba de operaciones especulativas para amiguetes, se insinuaba posibles corrupciones, se despreciaban los términos de los informes de los técnicos. Incluso algún portavoz de aquella manera venía a reconocer que no había muchos motivos para oponerse, pero que se oponían. Pues bien, ahora esta sentencia viene por tercera vez porque los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de lo Contencioso-Administrativo han tomado la decisión de anular esa decisión plenaria y ordena la ejecución o la corrección de ese error material. Entonces, ¿avalan los magistrados del Tribunal Superior de Justicia esas corruptelas, esas posibles acciones especulativas para amiguetes?… Lo que viene a avalar el TSJM son los informes técnicos»
La concejal portavoz de VOX, Beatriz Tejero, arquitecta de profesión, manifestaba que «nosotros queremos aportar, y en la argumentación de esta concejal con respecto a ese punto, lo que dijo es que tenía bastantes dudas urbanísticas de que eso fuera así. Si yo tengo dudas, lo que no voy a hacer es votar a favor. Evidentemente, cuando esto llega a un juzgado y un juzgado analiza un tema urbanístico y hay un informe técnico que dice que es así, pues, ¿qué va a hacer el juez?» y añadía «está diciendo que lo que votamos aquí o que se pretende votar es que se aplique lo que un juez ha dicho, porque yo lo que creo es que si un juez lo ha dicho no debe de votarse. Aplíquenlo y ya está» cuando quedaba claro en la sentencia que el acuerdo de Pleno estaba anulado y debía votarse a favor por ser el órgano competente para ello. Tejero finalizaba diciendo «Yo, si a mí alguien me llama, algún juzgado, para decir por qué he votado en contra de eso, no se preocupen que yo lo argumentaré. Pero nadie me va a obligar a que yo vote a favor de algo que creo que no está bien hecho«.
En su primer turno de palabra, Carlos Delgado, portavoz de ULEG, afirmaba que «la verdad es que este punto deja en evidencia de una manera palmaria la forma de trabajar y de actuar de los grupos de la oposición. No sólo actúan absolutamente irresponsables en su comportamiento, sino encima contumaz a la hora de justificar. Escuchar las palabras de la señora Tejero ofrecen de verdad vergüenza ajena, absoluta vergüenza ajena» y añadía «es que además era un caso idéntico al que había sucedido dos veces anteriores en este mismo pleno y en el que se había votado a favor del interesado. Es decir, se ha actuado de una manera absolutamente arbitraria y apartándose de cualquier criterio de motivación alguna… lo dice una sentencia del Tribunal Superior de Justicia por unanimidad, magistrados, que encima condenan en costas a esta ciudad, es decir, al vecino de Leganés, por su decisión irresponsable«. Tras esto cargó duramente contra la portavoz de VOX, Beatriz Tejero ya que según explicó «encima insulta a los vecinos, porque hemos podido oír aquí todos decir que el señor interesado, que está aquí presente, que se iba a ir con un maletín a comprar su voluntad.»
El portavoz del PSOE, Francisco Javier Márquez dudaba de que la sentencia fuera firme, a lo que el presidente del Pleno respondió «menos mal que se ha leído usted del expediente, señor Márquez, porque habla de recurso de casación» que el Ayuntamiento no iba a interponer porque no tenía ninguna razón para oponerse, con lo que la sentencia era firme.
La portavoz de Podemos-IU-AV, Alba Pulido argumentaba que «nosotras no vamos a poner en duda ni mucho menos lo que diga un juez. No estamos cuestionando eso ni mucho menos. Pero es verdad, como bien ha dicho el señor Delgado, que ni somos técnicos ni somos tampoco jueces. Y tampoco entendemos por qué si ya un juez lo ha dictaminado no se ejecuta directamente«, obviando que la sentencia obligaba al Pleno a tomar en consideración la petición de los interesados.
En su segunda intervención Carlos Delgado, explicó que «la manera de cumplir lo que dice el juez es precisamente llevar al órgano competente esta corrección del error, y el órgano competente es el Pleno» y avisaba «es más, si ya rozaba la prevaricación lo que hicieron en su momento, es decir, actuar de una manera arbitraria, desprovista de razón y de motivación y apartándose del criterio seguido siempre en esta cámara respecto a estos mismos asuntos, ya no están rozando la prevaricación con esto de dejarlo sobre la mesa, están de lleno en la prevaricación y yo animaría al vecino afectado a que denunciara a todos y cada uno de ustedes que van a cometer esta barbaridad que les estoy avisando con tiempo y forma suficiente de que no cumplir una sentencia firme y con un expediente claro, distinto, diáfano y perfectamente elaborado les va a traer a ustedes unas consecuencias legales más allá de las políticas».
Francisco Javier Márquez, en su turno de réplica, cargó duramente contra Carlos Delgado en los términos siguientes: «Yo entiendo que es usted una persona con ciertos complejos, ciertas problemáticas» y aclaraba «sabe usted que tengo conocimiento de psicología.
Yo me ofrezco, de verdad, a darle una sesión, empezar a trabajar con usted algunos comportamientos. Lo físico es imposible solucionar. Lo físico es imposible. Pero la parte mental la podemos trabajar, de verdad. Podría reeducarle» y finalizaba poniendo una vez más en duda la firmeza de la sentencia: «vuelvo a repetir. No queda claro que esta sentencia sea una sentencia firme. Vuelvo a repetir y vuelvo a pedir que el punto se quede encima de la mesa«.
Eso es lo que se votó y se acordó, con los votos a favor del PSOE, Más Madrid Leganés y Podemos-IU-AV, la abstención de VOX y los votos en contra del Partido Popular y ULEG, retrasando la ejecución de la sentencia.
