El PSOE de Leganés ha emitido un comunicado en el que manifiesta su postura ante la comisión de investigación «promovida por el Gobierno local de PP y ULEG» en torno a la gestión del anterior alcalde, Santiago Llorente, y del actual portavoz socialista, Francisco Javier Márquez, durante su etapa como gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE).
Los socialistas consideran que esta comisión “carece de fundamento” y responde a “una estrategia de distracción política y ruido mediático promovido por el Gobierno de derechas para desviar la atención de su inacción y falta de resultados en la gestión municipal”. Según el comunicado, el Ejecutivo municipal busca “tapar su negativa a construir las 108 viviendas de alquiler público y su apuesta por fomentar proyectos inmobiliarios privados en la ampliación de Leganés Norte”.
“No existe ninguna causa judicial ni irregularidad”
El PSOE asegura que no hay ninguna causa judicial abierta, denuncia o indicio de irregularidad en el procedimiento que investiga la comisión municipal. “No hay absolutamente nada reprochable ni jurídica ni éticamente en esa contratación”, sostiene la formación política.
Los socialistas defienden que la adjudicación a la empresa Levantina, iniciada a principios de 2022, se realizó conforme a las recomendaciones e informes técnicos municipales dentro de un “proceso de contratación abierto, público y transparente”. Además, subrayan que toda la documentación y los informes pueden consultarse en el perfil del contratante del Estado, donde figuran los pliegos y valoraciones técnicas que guiaron la adjudicación.
En el comunicado, el PSOE recuerda que “todo el proceso fue desarrollado, firmado y avalado por los múltiples funcionarios que intervinieron”, desde la elaboración de los pliegos hasta la adjudicación final. “Ninguno de los responsables políticos intervino para orientar el criterio técnico, que es el único que existió desde el principio hasta el final”, recalcan.
“Levantina no percibió ni un solo euro”
El partido también puntualiza que la empresa adjudicataria, Levantina, nunca llegó a cobrar importe alguno del contrato, ya que renunció a su ejecución. Añaden que tanto el Partido Popular como ULEG formaban parte del Consejo de Administración de EMSULE, donde “pudieron haber planteado cualquier objeción si consideraban que el proceso no era correcto, cosa que no hicieron”.
Asimismo, destacan que Levantina ha sido contratada en numerosas ocasiones por Administraciones Públicas, incluida la Comunidad de Madrid. “La compañía cumple con los estándares técnicos y administrativos exigidos”, apuntan. Entre los ejemplos que citan, figuran los 1,1 millones de euros adjudicados en 2021 para intervenciones en el depósito de Metro de Canillejas y los 10,7 millones destinados a la construcción de los nuevos juzgados de Collado Villalba, adjudicados en 2024 bajo el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.
“No participaremos en sensacionalismos mediáticos”
Desde el PSOE de Leganés afirman que su partido “no participará en sensacionalismos mediáticos que solo buscan generar titulares y dañar la imagen de servidores públicos que siempre han actuado conforme a la legalidad y a los principios de transparencia”.
El comunicado también subraya que este tipo de acusaciones “sin fundamento” afectan a trabajadores y trabajadoras municipales honrados, cuyo trabajo “debería quedar al margen de la confrontación política”.
Finalmente, los socialistas reclaman que el Gobierno local “se centre en los problemas reales de los vecinos”, como la vivienda, los servicios públicos, el empleo y la limpieza, en lugar de “una administración obsesionada con perseguir adversarios políticos para tapar su incapacidad”.
