La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado, mediante un decreto fechado el 9 de octubre de 2025, la fijación de 1.300 euros en costas judiciales que deberá abonar Francisco Javier Márquez Ortiz, portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Leganés, en un caso derivado del rechazo a las medidas cautelares que pretendía imponer el PSOE en el Ayuntamiento de Leganés.
La resolución señala que el 12 de septiembre de 2025 se dio traslado al interesado de la tasación de costas y que, una vez transcurrido el plazo legal sin que dicha tasación fuese impugnada, procede su aprobación definitiva. En consecuencia, Javier Márquez Ortiz ha sido condenado al pago del importe señalado, con un plazo de diez días para satisfacerlo.
Este pronunciamiento complementa la noticia ya conocida sobre la decisión del TSJM de rechazar las medidas cautelares solicitadas por el PSOE para frenar las modificaciones que pretendía adoptar el ayuntamiento —medidas que fueron impugnadas al entenderse que carecían de motivación jurídica válida.
La novedad exclusiva de esta resolución radica en que el tribunal no solo valida la demanda de costas, sino que concreta el monto finalmente exigido y ordena la ejecución dentro de un plazo perentorio, tras considerar que no se ejerció el derecho de impugnación en tiempo procesal.
Como se recordará, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó un auto por el que inadmitía las medidas cautelares solicitadas por el PSOE de Leganés, «cuyo objetivo era frenar el pago mediante modificaciones presupuestarias -por valor de 34 millones de euros- de obligaciones ya establecidas por sentencias judiciales, así como el pago de préstamos municipales y deudas a proveedores del Ayuntamiento, la mayoría heredadas de la etapa anterior de Gobierno socialista» según afirmó el Gobierno Local del PP y ULEG.
TSJM: “Prevalece el cumplimiento de las obligaciones dinerarias del Ayuntamiento”
En el auto del TSJM, con fecha del viernes 13 de diciembre de 2024, se señalaba de manera literal que “del examen de la solicitud resulta que no solo no se detallan por el peticionario de la medida cautelar en qué consisten los posibles perjuicios irreparables (…) sino que ni tan siquiera se razona mínimamente la aseveración de que la ejecución de dichas resoluciones administrativas privará al recurso de su finalidad legítima, haciendo que devenga ineficaz un eventual pronunciamiento estimatorio de la pretensión”.
Además, explicaba el Tribunal que “en las anteriores circunstancias no podemos sino entender que prevalece el interés general ínsito en la actuación administrativa impugnada encaminada (…) al debido cumplimiento de las obligaciones dinerarias impuestas a la Corporación por Sentencia Judicial Firme, abono de facturas pendientes de pago a contratistas, amortización de préstamos suscritos con entidades financieras y suministros, entre otros conceptos, con los consiguientes perjuicios que el impago de los créditos a que vienen referidas las modificaciones presupuestarias comportaría, indudablemente, para la Hacienda Local”.
El uso de la justicia por el PSOE para uso mediático se paga
Esta sentencia viene a demostrar que, «el uso de la Justicia para ganar titulares en la prensa, o para intentar desviar el foco político hacia el enredo y la tergiversación se acaba pagando» explican fuentes conocedoras del asunto.
