Unión por Leganés (ULEG) presentará en el próximo Pleno municipal del jueves 13 de noviembre una moción para que el Ayuntamiento de Leganés impulse una campaña ciudadana de recogida de firmas con el fin de solicitar al Gobierno de la Nación la derogación de los artículos de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obligan a los ayuntamientos a establecer una tasa de basura.
El partido independiente, que forma parte del actual Gobierno local junto al Partido Popular, defiende su propuesta como un paso más en su “histórica lucha contra los tributos injustos y abusivos”. En palabras de su presidente y primer teniente de alcalde, Carlos Delgado, “somos como la aldea gala de Astérix, combatiendo contra una chapuza legislativa que exprime los bolsillos ciudadanos y que está generando agravios comparativos entre vecinos de todas las localidades”.
Según se detalla en la moción registrada, ULEG considera que la Ley 7/2022 invade competencias municipales, genera inseguridad jurídica y supone una carga económica innecesaria para los vecinos, al obligar a los consistorios a establecer una tasa o prestación patrimonial para financiar la gestión de los residuos domésticos.
El texto recuerda que Leganés ya tuvo una tasa similar —la llamada “Ecotasa”— aprobada por el gobierno local en 2001, formada por PSOE e IU, y que fue eliminada en 2008 tras una intensa campaña ciudadana de protestas y recogidas de firmas. Desde entonces, señalan, “Leganés ha sido una excepción en España al no aplicar este tipo de tributos”.
ULEG sostiene que la norma estatal convierte a los ayuntamientos en “rehenes de una legislación confusa y de difícil aplicación”, lo que puede desembocar en litigios, desigualdades entre municipios y conflictos sociales. Por ello, el partido plantea tres acuerdos concretos:
- Que el Ayuntamiento de Leganés impulse una campaña de firmas para pedir al Gobierno la derogación de los artículos que obligan a imponer la tasa.
- Que se inste al Ejecutivo central a buscar un método alternativo, “con encaje constitucional y seguridad jurídica”, para cumplir con la normativa europea.
- Que se dé traslado del acuerdo a la Presidencia del Gobierno, las Cortes Generales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Parlamento Europeo.
Desde ULEG insisten en que la tasa de basura derivada de la Ley 7/2022 “no viene exigida directamente por la Directiva Europea 2018/851”, y que el Gobierno español podría haber optado por otros mecanismos de financiación del servicio de residuos.
El debate de esta moción se producirá en un contexto en el que la gran mayoría de municipios madrileños han comenzado a aplicar la tasa, generando controversia por su repercusión económica. Leganés, por el momento, no ha aprobado su implantación.
