Leganés asiste a un progresivo deterioro de sus parques y jardines, evidenciado en praderas secas, alcorques vacíos y equipamientos urbanos deteriorados, aunque desde el ayuntamiento se anunció la reforma integral del Parque de Los Frailes.
Pese a ello, para hacer frente a esta situación de deterioro, la licitación del nuevo «Servicio de Mantenimiento, Conservación y Reposición de las Zonas Verdes del municipio de Leganés» (Expediente 2025/0316), con un presupuesto base de 17.600.000 euros (impuestos incluidos) para las dos primeras anualidades y un valor estimado de 40.355.338,22 euros, se presentaba como el eje de la recuperación ambiental de la ciudad.
Sin embargo, una detallada investigación del colectivo local «Ciudadanos por el Cambio» sobre los pliegos de condiciones y la posterior valoración de las ofertas ha destapado serias deficiencias técnicas y políticas. El análisis del expediente revela decisiones del Gobierno municipal que merman la capacidad operativa del servicio e indicios de arbitrariedad en las puntuaciones cualitativas otorgadas por la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Menos personal y menos control: el recorte encubierto de las bases técnicas
El primer gran hallazgo del estudio técnico realizado por «Ciudadanos por el Cambio» radica en la paradoja del personal mínimo exigido para el cuidado de los parques. A pesar de la importante cuantía del contrato, las bases diseñadas por el área de Medio Ambiente rebajan la plantilla real que las empresas adjudicatarias están obligadas a mantener en la calle.
El personal total subrogable que actualmente trabaja en el mantenimiento de las zonas verdes de Leganés asciende a 208 trabajadores. Sin embargo, el pliego redactado por la técnico municipal de Medio Ambiente establece una exigencia mínima de adscripción de solo 194 trabajadores. Esto supone que el nuevo contrato ampara una reducción del 6,8% de la plantilla de jardinería respecto al personal efectivo que ya está prestando el servicio. Desde una perspectiva histórica, la plataforma vecinal subraya que la exigencia prevista para el año 2027 representa tan solo siete operarios más de los que ya se exigían dos décadas antes, en el año 2007.
Asimismo, el informe de la plataforma vecinal documenta la desaparición de salvaguardas sociales y de inspección fundamentales que sí existían en licitaciones anteriores:
- Desaparece el retén mínimo del fin de semana: En los pliegos de 2020 se exigía expresamente mantener operativo un mínimo del 15% de la plantilla los sábados. El nuevo pliego elimina esta cuota, lo que abre la puerta a que las empresas reduzcan sensiblemente la presencia efectiva durante los fines de semana, limitándola a labores genéricas de limpieza.
- Eliminación del límite de 24 horas sin servicio: Se ha suprimido la obligación anterior que impedía superar las 24 horas consecutivas sin servicio por la coincidencia de días festivos, posibilitando periodos más largos de desatención de los parques durante los puentes festivos.
- Supresión de la cláusula de discapacidad: Los pliegos de 2026 omiten la reserva obligatoria del 3% de puestos de trabajo para personal con discapacidad, un compromiso social que sí figuraba en las contratas previas.
- Control laxo del inventario: La actualización y mantenimiento informatizado de las zonas verdes («Leganés Verde») pasa de tener una frecuencia obligatoria semestral a una anual.
El modelo de adjudicación bajo la lupa: el dinero que no llega a las praderas
La segunda crítica de «Ciudadanos por el Cambio» apunta directamente a la gestión política del Gobierno Municipal y especialmente de la concejala de Medio Ambiente en el diseño económico del concurso. En el proceso de licitación, las bajas ofertadas por las empresas licitadoras han situado el importe de adjudicación de los tres lotes en 14.087.280,41 euros frente al presupuesto inicial de 14.946.421,56 euros (sin incluir impuestos), generando un sobrante de 859.141,15 euros (sin IVA).
En este tipo de licitaciones públicas, las empresas concursan ofreciendo mejoras y precios a la baja respecto a las estimaciones de la administración. No obstante, el colectivo vecinal advierte de que el sistema global de baja elegido por el Ejecutivo local —baja sobre el precio total de cada lote— provoca que ese ahorro presupuestario se desligue por completo del contrato de mantenimiento. Los fondos sobrantes pasan de forma directa a los remanentes municipales o a tesorería en lugar de reinvertirse automáticamente en el cuidado urbano.
«Ciudadanos por el Cambio» sostiene que existían alternativas contractuales más eficientes para el interés de los vecinos, como la licitación mediante un sistema de precios unitarios y presupuesto máximo. Bajo ese modelo, el presupuesto total se habría mantenido comprometido y la competencia económica de las empresas licitadoras se habría traducido en una mayor capacidad de actuación práctica (más horas de poda, resiembras, podas o desbroces) dentro del límite del gasto inicialmente presupuestado. El ahorro anual resultante de la competencia de las empresas, estimado en unos 429.570,58 euros, equivale al coste de contratar a 14 jardineros a jornada completa al año.
Criterios «inventados» y contradicciones en el informe de valoración técnica
La controversia técnica más aguda se localiza en la valoración de las ofertas cualitativas sujetas a juicios de valor (que otorgan hasta 25 puntos). Tras analizar de forma crítica el informe técnico firmado por la técnico superior de Ciencias Ambientales de la Delegación de Medio Ambiente, «Ciudadanos por el Cambio» denuncia la aplicación de criterios arbitrarios y requisitos no previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) para justificar la bajada de calificaciones.
La escala oficial del pliego de condiciones técnicas establece de forma taxativa que una propuesta obtendrá la calificación de «Excelente» (5 puntos) si realiza un estudio detallado y propone medidas adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras. Para la categoría de «Muy bueno» (3 puntos), se reserva a aquellas ofertas detalladas pero que no incorporen medidas precisas e innovadoras.
Sin embargo, el informe técnico de Medio Ambiente empleó reiteradamente estándares no contemplados en las bases administrativas para rebajar la puntuación de 5 a 3 puntos a diversos licitadores:
- “no alcanza el máximo grado de precisión exigible para ser excelente”
- “carece de la precisión máxima requerida para ser calificado de excelente”
- “no alcanza la máxima precisión exigible en el pliego”
- “carece de medidas de apoyo extraordinario e innovación para la calificación de excelente»
La fiscalización de «Ciudadanos por el Cambio» incide en que la escala del PCAP no exige en ningún apartado una «precisión máxima» o «medidas extraordinarias», ni establece que la excelencia dependa de superar de forma comparativa al resto de los competidores. Al imponer un estándar inexistente a nivel documental, el dictamen de valoración de Medio Ambiente incurre en una contradicción documental interna y en indicios de una motivación técnica insuficiente o «construida» para justificar calificaciones predeterminadas.
Patrón de trato desigual por parte del área de Medio Ambiente
El análisis pormenorizado de las puntuaciones en los lotes 1, 2 y 3 evidencia incongruencias notorias al comparar el trato otorgado a diferentes empresas ante ofertas descriptivamente equivalentes:
- El caso del Lote 2 (Campo de Tiro, Leganés Norte y Solagua): En este lote, la cooperativa Helechos logró la puntuación máxima de 25 puntos cualitativos, mientras que RAGA Medio Ambiente se vio relegada a los 19 puntos. La técnico de Medio Ambiente aplicó la rebaja a RAGA en los programas de labores, medios e instalaciones aduciendo falta de «máxima precisión». Sin embargo, en el propio cuerpo de su informe admite de forma contradictoria que la propuesta de RAGA incluía un «diagnóstico de campo exhaustivo», stocks informatizados mediante un «sistema digital de gestión», locales operativos con «tiempos de desplazamiento muy cortos» y medidas «técnicamente adecuadas y justificadas». El informe municipal no explica el criterio técnico diferencial para otorgar los 5 puntos a Helechos y rebajar los puntos a RAGA.
- Requisitos de innovación en naves y almacenes: Para privar a RAGA de la excelencia en sus instalaciones de mantenimiento (Lote 2), el informe técnico municipal alegó que la nave local «carece de medidas de apoyo extraordinario e innovación». Sin embargo, el pliego del concurso únicamente indica que en este apartado se valorará la situación, superficie y servicios de cara a optimizar la logística, sin exigir en ningún caso que los almacenes de maquinaria deban incorporar innovación tecnológica para ser excelentes.
- Fórmulas estereotipadas en el Lote 3 (Arroyo Culebro): El dictamen de Medio Ambiente utilizó las mismas plantillas de texto negativas para justificar la denegación de la excelencia en las ofertas del Lote 3. A LICUAS se le asignaron 3 puntos en Programa de Labores a pesar de que el informe técnico reconoce que «describe minuciosamente equipos territoriales y de apoyo». Idéntico criterio de rebaja basado en la abstracta fórmula de no alcanzar el «máximo grado de precisión» se empleó para mermar la puntuación de AMBITEC en el Plan de Arbolado (pese a proponer evaluación inicial de riesgo de todo el arbolado de Leganés con seguimiento trimestral) y de la mercantil Isla Verde en el Riego (pese a que el informe admite que «caracteriza minuciosamente superficies, calcula necesidades hídricas y presenta un plan pormenorizado y correcto»).
En su conclusión, el estudio de «Ciudadanos por el Cambio» determina que, si bien el expediente administrativo no prueba de forma inequívoca unas puntuaciones cuanto menos erróneas, sí ofrece indicios documentales contundentes de una «motivación insuficiente, estereotipada y, en determinados apartados, aparentemente construida para sostener una puntuación» sin exteriorizar de manera lógica el razonamiento técnico aplicado a las licitadoras.
