El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco Pérez, ofreció el pasado martes una rueda de prensa para responder a las informaciones publicadas en los últimos días sobre su adjudicación de una vivienda de protección oficial, tras resultar agraciado en el sorteo público celebrado por la empresa municipal EMSULE en junio de 2023.
En su comparecencia, Recuenco ha denunciado lo que considera una «campaña de difamación política» y ha anunciado la interposición de acciones legales contra quienes —según sus palabras— «han difundido falsedades» con el objetivo de «atacar al proyecto socialista que representamos en Leganés».
El dirigente socialista ha querido dejar claro que «no vengo a dar explicaciones, vengo a ofrecer pruebas. Esto no es un caso de corrupción, es una persecución política por defender la vivienda pública», señaló ante los medios.
Recuenco ha insistido en que las acusaciones «no tienen que ver con un piso ni con un número en una urna, sino con haber destapado el mayor escándalo de vivienda pública en la historia reciente de Leganés», en referencia a la denuncia que realizó hace dos meses contra el Gobierno municipal de PP y ULEG por «haber renunciado a construir 108 viviendas públicas en alquiler».
«Cuando señalas el fracaso de su gestión, cuando evidencias que el Ayuntamiento de Leganés ha abandonado a cientos de familias que esperaban una vivienda pública, entonces te buscan, te señalan y te intentan destruir», afirmó el secretario general del PSOE.
«Aquí no hay un dedo, hay una urna»
Durante su intervención, Recuenco detalló el proceso de adjudicación de las viviendas, asegurando que fue «público, transparente y fiscalizado ante notario».
«Aquí no hay un dedo, hay una urna. No hay un favor, hay un acta notarial. No hay un trato de favor, hay una lista pública y un sorteo supervisado», explicó.
El líder socialista señaló que el procedimiento está “documentado con actas y certificados” de la empresa responsable del sorteo, y añadió que dichos documentos «acreditan que era materialmente imposible cualquier tipo de manipulación».
«Si alguien cree que hubo irregularidades, que vaya al juzgado. Yo mismo seré el primero en acompañarles. Pero no lo harán, porque saben que no hay nada ilegal», declaró Recuenco.
«Les molesta que una persona humilde llegue al poder»
El secretario general del PSOE de Leganés afirmó que los ataques «no son administrativos ni judiciales, sino puramente políticos».
«Les molesta que una persona de 28 años, socialista, que nunca ha cobrado un euro del partido ni del erario público, haya accedido legalmente a una vivienda pública. Les molesta que la gente humilde llegue al poder. Tienen miedo a que la política deje de ser cosa de unos pocos.»
Asimismo, defendió su trayectoria personal y su compromiso con los valores del servicio público: «no voy a pedir perdón por vivir como mis vecinos, por coger el metro o por acudir al Severo Ochoa. Lo inmoral no es participar de lo público; lo inmoral es destruirlo.»
Acciones legales y exigencia de transparencia
Miguel Recuenco anunció que sus abogados están estudiando acciones legales contra quienes han difundido «acusaciones sin pruebas».
«En democracia, quien acusa tiene la obligación de demostrar. Quien lanza insinuaciones sin una sola prueba no está haciendo política, está difamando.»
Además, explicó que ha solicitado oficialmente a EMSULE un certificado de legalidad del proceso, que deberá ser firmado por el actual presidente de la empresa pública, Francisco Javier Oporto del Partido Popular, como presidente de su Consejo de Administración.
«Si firman el certificado, reconocerán la legalidad del proceso. Si se niegan, demostrarán que prefieren mantener viva una mentira» afirmó con rotundidad.
Convocatoria ciudadana
El dirigente socialista concluyó su intervención anunciando una concentración convocada por el PSOE de Leganés para el domingo 16 de noviembre a las 12:00 horas en la Plaza de la Luna, con el objetivo de exigir la reactivación de las 108 viviendas públicas en alquiler paralizadas por el actual Gobierno municipal.
«Podrán intentar manchar mi nombre, pero no podrán ensuciar los hechos. Todo lo que hice fue legal, público y transparente. Esto es una persecución política porque denunciamos que el alcalde renunció a construir 108 viviendas públicas» y terminó afirmando que «porque esta no es una causa personal, es una causa colectiva. Lo que está en juego no es un nombre: es el futuro de Leganés.»
