El Ayuntamiento de Leganés ha formalizado finalmente su recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que siga el proceso abierto para juzgar la actuación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia en las residencias de la localidad, según publica Infolibre por fuentes del propio Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento de Leganés está gobernado en la actualidad por el Partido Popular junto al partido local independiente ULEG (Unión por Leganés) pero en la anterior legislatura estuvo en manos del PSOE, que fue quien elevó a los tribunales un recurso contra la gestión de las residencias de mayores por parte de la Comunidad de Madrid, durante la pandemia.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó esa denuncia del ayuntamiento por la “inactividad” en la medicalización de las residencias y, tras ese rechazo, el Gobierno Local del PSOE en ese momento decidió recurrir dicho rechazo ante el Tribunal Supremo.
Ese recurso de casación fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo el 20 de julio, pero para continuar con el mismo, el Tribunal Supremo solicitaba al Ayuntamiento de Leganés una serie de cuestiones legales y de procedimiento, según se manifestó en su momento. Este proceso legal los partidos políticos de la izquierda de Leganés, con el PSOE a la cabeza, dudaban que fuera a realizarse puesto que el Ayuntamiento de Leganés había pasado a ser gobernado por el Partido Popular.
El Alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, desde el primer momento de conocerse la situación manifestó que no interferiría en las decisiones que tomara el Jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Leganés, siendo por tanto, una decisión técnica y jurídica la que se adoptaría y no política, lo cual ha cumplido si finalmente se confirma la información.
Recurso ante el Tribunal Supremo
Según las mismas fuentes, el recurso de casación fue formalizado en el Tribunal Supremo el pasado 10 de octubre, a pesar de que el alcalde podía haber ordenado no presentarlo, por lo que se daría por retirado. Con esta decisión, queda esperar la decisión del Tribunal Supremo, respecto a lo que se conocen como «Protocolos de la Vergüenza».
El Ayuntamiento de Leganés en su escrito recurría contra la Consejería de Sanidad con motivo de la “inactividad” de la Administración por “falta de adopción de medidas relativas a las residencias de mayores y centro socio-sanitarios ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, respecto a las residencias de mayores situadas en el municipio” según consta en el recurso de casación que se presentó en el Tribunal Supremo.
En el recurso presentado ante el Supremo el Ayuntamiento señaló que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “se considera, con todo respeto, no ajustada a derecho, siendo gravemente lesiva a los intereses generales, y afecta a un gran número de situaciones, tanto en sí misma considerada, como por trascender el caso objeto del proceso” y señalaba que, en su momento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no había cumplido con las obligaciones que se recogían en la orden del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo de 2020, en la que, en su segundo apartado, solicitaba la “adopción de medidas relativas a las residencias de mayores y centro socio-sanitarios ante la situación de crisis sanitaria”. Además, en el recurso de añadía que no se obedecieron las propias instrucciones de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad que pedían un refuerzo para estos centros.
Rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó el recurso del Ayuntamiento de Leganés al entender que esas directrices no eran de obligado cumplimiento. Esto supuso un giro en la doctrina del TSJM que cuando se presentaron los recursos por “inactividad” en 2020 sí dictaron medidas cautelarísimas en las que se instaba a la Consejería de Sanidad a medicalizar las residencias de los municipios y a dotarlas de más medios para proteger a los internos y trabajadores.
El TSJM adoptó la tesis que la Comunidad de Madrid defendió desde que empezó el proceso en abril de 2020: no existía «como tal una obligación de dotar de un uso sanitario a los centros residenciales», dijeron en respuesta a la demanda del ayuntamiento. Por eso el Ayuntamiento de Leganés decidió no cerrar la puerta e intentar la vía del Supremo cuando gobernaba el PSOE.
