LA VOZ DE LEGANÉS, ha podido conocer en PRIMICIA a través de fuentes de EMSULE que la organización del acto del proceso de adjudicación de 350 viviendas (134 viviendas públicas en propiedad y 216 viviendas en régimen de alquiler) a las que optaron 13.667 vecinos y vecinas pudo estar plagado de irregularidades, tal y como así lo recogen los informes que, próximamente según ha anunciado el Gobierno Local (PP + ULEG) se darán a conocer de forma pública.
Entre estas irregularidades, presuntamente, podrían encontrarse el fraccionamiento de contratos o la adjudicación de estos contratos sin ningún tipo de concurso público, en una cantidad que ronda los 80.000€ que se destinaron para montar el sorteo de viviendas públicas en venta y alquiler que se celebró el 5 de junio en el Pabellón deportivo Europa de Leganés. y con los que se pagaron desde las moquetas hasta la publicidad del evento.
EMSULE bloqueada
Por otra parte, ayer se convocó el Consejo de Administración de la Empresa Pública, en el que los partidos de la oposición (PSOE, VOX, Podemos-IU) votaron en contra de la renovación de los apoderados de la empresa, lo que de facto lleva aparejado el bloqueo de EMSULE, hasta el punto de llegar a no poder pagar las nóminas de sus trabajadores, ni a los proveedores, y lo que es peor, no se podrá avanzar en la puesta en marcha de las viviendas adjudicadas ni en la gestión del cobro de una de las parcelas que vendió EMSULE y que se encuentra paralizado por temas administrativos.
El PSOE explica su voto negativo
Por otra parte, el PSOE de Leganés a través de un comunicado ha hecho público el sentido negativo de su voto, explicando que lo han hecho porque el actual Gobierno Local (PP+ULEG) «busca retirar las querellas interpuestas por el anterior Gobierno contra el alcalde Recuenco por su gestión al frente de EMSULE desde 2011 a 2015″, lo cual es jurídicamente imposible, según ha podido saber este medio de fuentes jurídicas, porque una vez admitida la querella, el querellante de la misma, en este caso EMSULE, pierde el control sobre la misma y queda a voluntad del Ministerio Fiscal y del Juez de Instrucción.
En el mismo comunicado, el PSOE de Leganés exige «que se garantice que se van a construir las viviendas públicas de EMSULE», lo cual según fuentes del Gobierno Local en este momento es imposible porque, con el voto en contra del PSOE en el Consejo de Administración, han paralizado cualquier actividad en este sentido de la empresa pública, en la que actualmente no existen personas con delegación de poderes.
Por último, la nota de prensa del PSOE de Leganés reclama que las auditorías que solicita el nuevo Gobierno se hagan desde el año 2011, «fecha en la que Recuenco era presidente de EMSULE«, sin embargo, cabe recordar que esa gestión está denunciada en los Tribunales a través de una querella que interpuso la propia EMSULE con el anterior Gobierno del PSOE + Ciudadanos, y que tal como ha explicado el Primer Teniente de Alcalde, Carlos Delgado (ULEG), en una entrevista concedida ayer en la radio, en la propuesta se pedía auditar los contratos de EMSULE desde el año 2017 porque es desde ese año el que entró en vigor la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y por tanto, procedente para arrancar desde esa fecha por ser de aplicación dicha Ley, aunque Delgado se muestra «abierto a otras propuestas».
Comisión de Investigación
El Ayuntamiento de Leganés en el año 2020 aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos poner en marcha una comisión de investigación para dirimir posibles casos de vulneración de la Ley de Contratos así como las «sospechas de enchufismos» denunciadas en diferentes ocasiones. La Comisión fue solicitada por Unión por Leganés (ULEG) en una propuesta de resolución en el Debate del Estado de la Ciudad.
«Tenemos conciencia en esta empresa pública de diversas adjudicaciones al margen de la Ley de Contratación del Servicio Público que entró en vigor en 2017 y hay indicios más que razonables de que se la ha saltado a la torera en muchísimas cuestiones«, declaraba en aquella ocasión Carlos Delgado, portavoz de ULEG.
Sin embargo, incluso después de publicarse en varios medios de comunicación el posible fraccionamiento de contratos, facturas con sospechosas anotaciones o el gasto de un millón doscientos mil euros sin argumentar ningún informe o factura que justificara su pago, la comisión de investigación en la que tenían que investigarse ellos mismos, ha estado sin funcionar durante años porque así lo decidió el anterior Gobierno Local. Comisión en la que llegó a nombrarse a sí mismo presidente el concejal de Ciudadanos, hasta que en enero de 2023 fue retomada de nuevo por el PSOE + Ciudadanos para informar de la interposición de la querella contra la gestión del actual alcalde, hecho que fue criticado por los partidos de la oposición, a los que no se les dio ningún tipo de información, como VOX o Podemos-IU, que ahora sin explicación, han tomado una postura contraria votando en contra de auditar las cuentas.
