La edición digital de El País publicó una entrevista realizada a Belén Muñoz, quien llevaba tres años esperando a que llegase el 17 de mayo de 2023 para acudir a los juzgados de Leganés y sentarse frente a la jueza, la fiscal y dos abogados para contar cómo murió su madre en la residencia Vitalia Home Leganés, donde, durante el primer mes de pandemia, fallecieron un total de 96 ancianos. Cabe recordar que entonces, el Gobierno autonómico (PP) impuso protocolos a través de los cuales se negaba el traslado a hospitales de miles de personas mayores que vivían en alguna de las 500 residencias de Madrid.
Durante el juicio, la fiscal le preguntó si conocía la existencia de los protocolos o si alguien de la residencia le informó sobre los mismos, a lo que Belén contestó que «no». Los abogados no preguntaron nada y, una hora después, justo antes dar por terminada la declaración, Belén hizo una última petición: “Por favor, que esto no quede impune, que haya responsabilidades”.
Al salir, Belén se reunió con su hermana mayor, Esperanza; su melliza, Toñi; y su hermana mediana, Mari Carmen. Como ellas, cientos de personas han recurrido a la justicia en los últimos tres años para esclarecer las muertes en residencias durante la pandemia, muchas de las cuales están a la espera de que los casos prosperen. Para su lucha llevan multitud de papeles como justificantes: certificado de defunción, informes médicos, recuento de fallecidos, llamadas telefónicas y un relato pormenorizado de lo que ocurrió en la residencia.
Belén y sus hermanas recordaron que desde la residencia «médicos y empleados contaron a cada una» cosas diferentes. A una le contaron que «la ponían en paliativos porque estaba muy mal», a otra que su madre «no paraba de dar patadas y gritar».
Así lo relata el reportaje de El País: Lo que tienen claro es que la residencia recluyó a los mayores en sus habitaciones, que los familiares no recibían información de su estado de salud y que a las 17.36 una empleada del centro le dijo a Belén que su madre estaba muy bien y que había merendado una gelatina. “¿Pero no la habían puesto en cuidados paliativos?”, se cuestionó ella. A las 19.30 y después de cinco llamadas, una doctora le cuenta que le han puesto morfina y que la contactarán al día siguiente porque “seguro que está mejor”. Una hora y 20 minutos después, Mari Carmen es la que recibe una llamada. “Mi hermana me llama a las nueve, me dice: ‘Belén, que mamá ha fallecido, que no puede ser. ¡Que no, que no! Que te han dicho que había comido, que estaba bien”. Mari Carmen y Toñi se presentan en el centro, pero no las dejan ver a Esperanza por última vez.
Como ellas, cientos de personas han recurrido estos últimos tres años a la justicia para esclarecer las muertes en los centros y la mayoría todavía están a la espera de que prosperen sus casos. Muchos no han tenido éxito judicialmente porque la Fiscalía ha archivado las investigaciones. De hecho, «Amnistía Internacional criticó el carpetazo porque las causas ―al menos 451 de las 517 abiertas, según la ONG― se cerraban sin una indagación mínima. En un centenar de ellas ni siquiera se entrevistó a los familiares de las víctimas», explican en El País.
23 familias querellaron a Vitalia Leganés
«Junto a las cuatro hermanas, 23 familias más ―hijos, sobrinos, nietos― han interpuesto una querella contra Vitalia Leganés por homicidio y lesiones por imprudencia y por omisión del deber de socorro», indican en el diario digital. Todas ellas prestarán declaración, una a una, hasta el 7 de junio. De hecho, el mismo día que Belén, otras tres personas narraron su historia en los juzgados. Por la segunda planta de los juzgados de Leganés también han estado pasando médicos del hospital y personal de la residencia, «después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara una investigación más exhaustiva a la jueza que, en julio de 2021, archivó el caso de ese centro y otros tres del municipio al sur de Madrid, de casi 187.000 habitantes».
