El Iceberg ha hecho pública una denuncia de Francisco Montero Moral, un abogado y gestor administrativo vinculado a la Asociación Pro Derechos del Ciudadano y contra la corrupción, Habeas Corpus, sobre presuntas irregularidades cometidas en la calle Guante número 2 y 4 de Leganés e incluso habla de un “`posible tráfico de influencias y relaciones de privilegio para algunos promotores”.
Según revela este diario digital de la Comunidad de Madrid y su emisora de radio Globo FM, “la edificabilidad máxima permitida, altura de cornisa del edificio, aumento de volumen y no acredita disponer de 40 plazas de garaje, que exige la ordenanza para edificar en el casco urbano”, exponen en la denuncia presentada haciéndose eco de las quejas de los vecinos afectados en edificios colindantes de la calle Guante y Gobernador.
Desde la Asociación, apuntan en la noticia publicada por El Iceberg que supuestamente “se trata de una irregular edificación, sobre un edificio previo, fuera de ordenación, es decir, contraviene la normativa del plan general, para el que la Ley prohíbe obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de valor”.
También explican a El Iceberg que “esta denuncia no es ningún acto de venganza o similar, si no que pretende que el Ayuntamiento de Leganés dé, igual trato legal a todos los vecinos” y añaden que “para subsanar la situación de fuera de ordenación” solicitan “por supuesto la demolición para construir un nuevo edificio de acuerdo con la ley”.
El edificio señalado por Habeas Corpus en la denuncia revelada en exclusiva por El Iceberg es una edificación antigua que fue vendida, según el diario digital, hace 2 años a AP67, una socimi -sociedades cuya actividad principal es la inversión, directa o indirecta, en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler- liderada por los fundadores del despacho de arquitectura Akydeko.
Detrás de AP67, situada en la calle Villaverde, 2 de Leganés, se encuentran Francisco Escudero y Álvaro Rubio, 20 años de experiencia en la elaboración de proyectos de vivienda colectiva, individual y locales comerciales y que actualmente controlan el 92,8% de la socimi, junto a un grupo de 21 accionistas minoritarios que poseen el 7,2% restante de la compañía, según datos de hace cinco años que podrían haber variado a día de hoy.
Ambos son arquitectos y cofundadores del despacho de arquitectos Akydeko y en 2018 empezaron a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) con una valoración de 34 millones de euros. La compañía de Leganés cuenta con una cartera de activos de más de 46 millones de euros, especializada en residencial.
El modelo de negocio de AP67 se ha centrado hasta la fecha en crear producto de nueva construcción, con alta demanda, en el área de Leganés, en concreto en las calles principales del centro urbano, en ubicaciones próximas a la Universidad Carlos III, y en el área suburbana de carácter industrial.
En concreto, sobre el edificio de la calle Guante que es objeto de controversia, la Asociación Pro Derechos del Ciudadano y contra la corrupción, Habeas Corpus considera que supuestamente está “fuera de la legalidad del Plan General” y denuncian en El Iceberg que “ha edificado sin demoler, el exceso de volumen, ni corregir los elementos de fuera de ordenación. Se aprovecha de ellos porque son más ventajosos, vuelve a aumentar volumen y se ahorra dotar al edificio de 40 plazas de garaje, que exige la ordenanza para edificar en el casco urbano”.
El abogado Francisco Montero en El Iceberg incide en que presuntamente “se trata de una irregular edificación, sobre un edificio previo, fuera de ordenación, es decir, contraviene la normativa del plan general, para el que la Ley prohíbe obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de valor y solo permite, de acuerdo con el artículo 18 de las ordenanzas del plan general” y añaden en la noticia que “son graves irregularidades, otra más, presuntamente cometidas por el mismo promotor al que se le refieren otras, hace no más de dos meses”, finalizan.
La Voz de Leganés ha solicitado al departamento de prensa del Ayuntamiento de Leganés una postura oficial sobre la noticia adelantada por El Iceberg y estamos a la espera de la respuesta de la Concejalía de Urbanismo, así como de su responsable, Laura Oliva, secretaria general de Organización del PSOE local, ante las acusaciones vertidas por este medio digital y que han motivado la denuncia de la Asociación Pro Derechos del Ciudadano y contra la corrupción, Habeas Corpus.
