El partido independiente local Unión por Leganés (ULEG) ha denunciado la existencia de un informe de Recursos Humanos de 300 páginas publicado en la web municipal, incluido en el presupuesto municipal en vigor, con datos “personales y laborales” de 600 trabajadores y ex trabajadores municipales y que fue retirado de la web tras remitir ULEG una carta a Alcaldía.
Según ULEG, en el informe se identificaba a “600 trabajadores y extrabajadores con nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de alta y baja en la administración” e incluso en algunos casos “también se indica la unidad orgánica a la que pertenecen, antigüedad y trienios, fecha de alta en el consistorio, si es personal funcionario o laboral y el nivel o su categoría profesional”.
El concejal de Unión por Leganés, Carlos Aranzana, aseguró que “esto es una clara intromisión en la intimidad de las personas” y solicitó que inmediatamente se ponga en conocimiento de los afectados y de la Agencia de Protección de Datos estos hechos. “Es un absoluto despropósito que este informe se haya ‘colado’ dentro del presupuesto del ejercicio 2022 que se publica en la web municipal. El alcalde Santiago Llorente (PSOE) solo se acuerda de la protección de datos para negar información a la oposición”.
El partido independiente local Unión por Leganés desvela incluso que en una de las tablas del documento se identifica a agentes de la Policía Local jubilados con nombre y apellidos, la fecha de nacimiento y su categoría profesional. Según el concejal de ULEG, en otra de las tablas del informe también se relaciona con nombre, apellidos, fecha de nacimiento, categoría y antigüedad a trabajadores que “que se han ‘reenganchado’, es decir que han retrasado su jubilación”.
Para Aranzana, “lo más grave de todo es que se identifica a aquellos trabajadores municipales que se encuentran en situación de excedencia por el cuidado de hijos o aquellos que están pendientes de conseguir o han conseguido la jubilación parcial mediante la ejecución de una sentencia judicial. Algo que para un gobierno que dice ser progresista y de izquierdas debería de resultar más que vergonzante el que un empleado municipal tenga que acudir a la vía judicial para ejercer este derecho laboral”.
ULEG también asegura que existe una tabla que identifica a trabajadores con la incapacidad permanente y cuándo se revisa esta situación y en otro apartado del informe publicado figura junto a los nombres y apellidos la categoría de los 74 bomberos que en 2020 se integraron a la Comunidad de Madrid.
Para ULEG “la responsabilidad de esta gravísima situación con el presupuesto del ejercicio 2022, que se ha prorrogado para el ejercicio 2023 es del alcalde Santiago Llorente y está compartida por las concejalas de Recursos Humanos, Hacienda y de Régimen Interior, es decir Laura Oliva, Elena Ayllón y Concepción Saugar”.
De igual manera, Aranzana tilda de “reincidente” al Ayuntamiento de Leganés al recordar que en abril de 2021 “el equipo de gobierno ya se vio obligado a retirar el documento con el presupuesto de ese ejercicio de la página web del consistorio al haberse incluido por error los datos personales de las entidades y personas que habían presentado alguna alegación a éstos”.
