Apenas seis meses después del sorteo de 134 viviendas públicas promovidas por EMSULE, la empresa municipal del suelo de Leganés, el PSOE local llevó al Pleno una moción para mantener el precio de venta de estas promociones al valor fijado en 2008, pese a tratarse de viviendas calificadas en 2023, como marca la Ley, con un coste de construcción muy superior al de hace quince años.
La moción, presentada por la que era en ese momento portavoz socialista, Laura Oliva, en el Pleno de diciembre de 2023, instaba a que “el Ayuntamiento de Leganés y la empresa municipal del suelo SAU (EMSULE) se comprometan a evitar que las personas adjudicatarias de las viviendas sorteadas el pasado 5 de junio de 2023 se vean perjudicadas por el aumento del precio de las viviendas protegidas, cuyo preceptivo trámite de información y audiencia pública la Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha”.
En aquel momento, ya era público dentro de los círculos socialistas que Miguel Recuenco Pérez, entonces secretario de las Juventudes Socialistas de Leganés, había resultado adjudicatario de una de las viviendas sorteadas el 5 de junio de 2023, apenas un mes después de las elecciones municipales que supusieron la pérdida del Gobierno para el PSOE.
La propuesta socialista fue aprobada con los votos a favor de PSOE, Más Madrid Leganés, Podemos-IU-AV y VOX, que se sumó al bloque de la izquierda, mientras que PP y ULEG votaron en contra. Esta decisión plenaria, en la práctica, implicaba que las viviendas se vendieran por debajo de su coste real de construcción, lo que —según expertos consultados— traslada parte de los gastos a las arcas municipales. O lo que es lo mismo, al resto de los vecinos de Leganés.
Fuentes técnicas consultadas por LA VOZ DE LEGANÉS han señalado que “la Administración Pública no puede tener beneficios, pero tampoco puede incurrir en pérdidas. Vender esas viviendas por debajo del precio de coste obliga al resto de los ciudadanos de Leganés, a través de sus impuestos, al pago de un patrimonio que será de uso privado”. Estas mismas fuentes añaden que “la ley obliga a que se aplique el módulo oficial de venta en el momento de la calificación de las viviendas. Que se haya aplicado el precio de 2008 a unas viviendas de 2023 no ha tenido en cuenta la subida de los costes, que al final acabarán asumiendo el resto de los vecinos”.
En el caso de viviendas de alquiler, explican, la reducción de precios podría justificarse porque “el patrimonio, que son las propias viviendas, quedan en poder del ayuntamiento”, pero no en las viviendas de venta, donde el bien pasa a ser de propiedad privada. “Incluso los partidos de la izquierda, que se presentan como defensores de lo público, deberían haber reflexionado sobre el uso del dinero municipal en beneficio de unos pocos afortunados. Y resulta llamativo que VOX se sumara a ellos en esta decisión”, destacan las mismas fuentes.
El resultado, según ese planteamiento, es que los adjudicatarios de las viviendas —entre ellos el ahora secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco Pérez— podrían beneficiarse de una rebaja de cerca de entre un 20%-30% respecto al coste real de construcción, que se suma a los ya de por sí precios reducidos que ya conlleva la calificación de Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB).
El precio de las viviendas
Este medio ha podido tener acceso al precio de una vivienda de las sorteadas por EMSULE y destinadas a la venta. Se trata de una vivienda de 3 dormitorios, con cerca de 76 metros cuadrados útiles cuyo precio final es de 144.522 euros, que al aplicarle el 10% del IVA, supone un coste de la vivienda de 158.974 euros (IVA incluido).
Según el precio del módulo aprobado en 2008 en la Comunidad de Madrid (zona B, a la que corresponde Leganés) esta vivienda debería costar unos 150.868,54 € (sin IVA), por lo que parece que presuntamente EMSULE no solo no ha aplicado el incremento del módulo de 2013, sino que ha vendido por debajo del precio de módulo de 2008, con un déficit cercano a los 6.500 euros de media por vivienda, lo que haría un total de más de 850.000 euros de pérdidas para las arcas públicas, al que hay que sumarle lo que deja de ingresar por no aplicar el módulo de 2023, que según los cálculos de fuentes conocedoras del caso, estiman en unos 28.000 euros de media por vivienda. A esto hay que añadir los costes de construcción de dos locales comerciales y 67 plazas de garaje más de las que se ofrecen a cada vivienda (se han construido 201 para 134 viviendas).
Pelotazo
Lo que sí está claro es que cualquiera de los 134 adjudicatarios, en el momento de tener las llaves de su vivienda en su poder, podrán pegar un pequeño “pelotazo”, ya que habrán comprado sus viviendas a un módulo inferior al del 2008, y podrán venderlas legalmente al módulo de 2023, con cerca de 30.000 euros de beneficio gracias al esfuerzo del resto de los ciudadanos de Leganés. “¿Acaso no es esto pura especulación?” se preguntan las fuentes consultadas.
Una promoción deficitaria
Como se recordará, esta promoción de viviendas que impulsó el exalcalde Santiago Llorente (PSOE) nació deficitaria, sin financiación, por lo que el nuevo Gobierno Local del PP y ULEG se encontró un dardo envenenado al llegar al ayuntamiento. Los costes oficiales de la promoción, publicados en los órganos de contratación, se sitúan en 27.721.198,98 euros. El Gobierno firmó un préstamo hipotecario por valor de 16 millones de euros (el 80% del coste) mientras que el otro 20% lo asumían los beneficiarios (4 millones de euros). Por lo tanto, las arcas públicas deben inyectar 7,7 millones de euros a EMSULE para sanear la promoción de las 134 viviendas públicas de venta.
El argumento de las 108 viviendas en régimen de alquiler
Miguel Recuenco Pérez argumentó, en una rueda de prensa que ofreció ante los medios para dar los detalles sobre la adjudicación de su vivienda, que se trataba de una “campaña de difamación política” al “haber destapado el mayor escándalo de vivienda pública en la historia reciente de Leganés» debido a que PP y ULEG habían renunciado «a construir 108 viviendas públicas en alquiler».
Sin embargo, estas afirmaciones ocultan una parte de la realidad y es que el anterior Gobierno del PSOE dejó prácticamente cerrada la posibilidad de hacer estas viviendas con el déficit de 7,7 millones de euros que, presuntamente, tendrá esta promoción, y que deberán salir de las arcas públicas del ayuntamiento hacia EMSULE. Además, tampoco se cuenta que para la promoción de las 108 viviendas en régimen de alquiler, el Gobierno Local deberá construirlas como si se tratara de una inversión, incluyéndolas en un nuevo Presupuesto, al igual que si se tratara de un nuevo Centro Cívico, un nuevo polideportivo o una nueva escuela infantil, asumiendo el endeudamiento y privando, con ello, de poder realizar otro equipamiento público. A todo esto, deberá contar con el voto favorable del PSOE, que hasta ahora se ha opuesto, con su voto en contra, a todo tipo de propuesta del Gobierno Local. Es más, el PSOE ha obligado a que esta promoción, de la que es beneficiario su ahora secretario general, mantenga el precio del módulo del año 2008, y a la vez, ha votado sistemáticamente en contra de todo intento de dotar de financiación a la misma promoción. Solo la abstención en la votación de la concejala de Podemos, Más Madrid Leganés y VOX (aunque luego VOX hizo alegaciones que estuvieron a punto de dar al traste con la operación) pudo abrir el camino para ello.
